El contrato de compraventa de acciones de la Triple A a Alumbrado Público de Barranquilla no está en firme, dijo el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo.
El representante a la Cámara señaló que “no es la Procuraduría General de la Nación la que debe pronunciarse en el complejo caso porque la competencia es de la Contraloría General de la República”.
“La Triple A es muy importante para los barranquilleros porque genera ganancias por 878 mil millones de pesos al año. Entonces se quedan con el manejo de la empresa y empiezan a buscar salida de cómo ellos puedan quedarse con la empresa, pero todas las salidas los llevaban a realizar una licitación o una subasta pública porque no hay una sentencia en firme y la ley señala que hay que hacer una subasta y ellos no querían hacer esa licitación porque cualquiera podía ganar”.
Explicó que en el proceso aparece Alumbrado Público donde la Alcaldía es mayoría con el 75 por ciento, pero increíblemente hay un acuerdo para que lo maneje y lo gestione un privado que solo tiene el 35 por ciento. “La plata de los barranquilleros hoy la manejan unos privados y con esa empresa hacen un acuerdo para venderle las acciones por 560 mil millones de pesos, pero con la condición de que el 50 por ciento lo entregan antes del 31 de diciembre y el resto lo den en seis años. Increíble porque solamente la empresa da en un año 350 mil millones de pesos, por eso la Corte Constitucional señaló que esos contratos se acababan en Colombia, que la ley estaba mal desarrollada y que iba en contravía de la transparencia y la Corte dijo además que los contratos que estaban en ejecución se acababan”.
Indicó que nadie sabe cómo Alumbrado de Barranquilla, que los estados financieros no le dan el dinero, pagó 150 mil millones de pesos. “En dos años la empresa de Alumbrado Público de Barranquilla y la Triple A van a ser mayoritariamente de ese 35 por ciento, que hoy se llama Cayena. De esa manera los amigos del Alcalde se queden con la Triple A cuando le debe corresponder a los barranquilleros”.
El congresista indicó que los 350 mil millones de pesos que produce la Triple A como ganancia deben ir en obras para los barranquilleros y para bajar el valor de los servicios públicos y no engrosar la riqueza de unos pocos que de manera ilegal se quieren quedar con una empresa que no les pertenece.
Con respecto a la decisión de la Procuraduría General de sancionar al director de la Sociedad Administradora de Activos Especiales, el congresista indicó que “la procuradora es socia de los Char y su hijo es socio del estado y contratista de la Alcaldía de Barranquilla y de la Costa Caribe. Además, tiene cuota política en la administración de Jaime Pumarejo. Por eso la Procuradora sale a presionar a la SAE y suspende a su director porque no dejó vender una empresa con acciones baratas. La procuradora está haciendo todo el mandado para que una empresa que vale 2,4 billones de pesos la vendan por 500 mil millones de pesos y resulta que además es una función que le corresponde a la Contraloría, es decir que quien debe pronunciarse es el Contralor y no la Procuradora”
