El abogado penalista Iván Cancino se declaró sorprendido por la decisión de la jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá de no precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado por presunto fraude procesal y soborno a testigos.
Este expediente tiene que ver con supuestas gestiones indebidas que el expresidente directamente o a través de terceras personas, como su abogado Diego Cadena, habría hecho para lograr que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de haber dicho ante la justicia que Uribe Vélez tiene nexos con las autodefensas, lo cual el exsenador ha negado rotundamente.
“El camino todavía es muy largo. Hay una apelación que se va al Tribunal Superior de Bogotá. Las apelaciones terminan en cuatro días. Si el Tribunal precluye, hasta ahí llega el proceso, pero si no lo hace y le dan la razón a la señora Juez, obviamente tendrá la Fiscalía General de la Nación que tomar la decisión de presentar escrito de acusación ante el juez respectivo y eso tendrá sus tiempos que son largos”.
Agregó que: “El camino es largo porque se presenta el escrito ante audiencia de acusación y no hay que ser adivino para señalar que la defensa tendrá presentará una nulidad que también tendrá recursos. Después irá a audiencia preparatoria donde también hay recursos para las pruebas que no se acepten y después el juicio. Así que el camino que se avizora es de mucho tramo. Ese es un tema que no se va a resolver este año”.
El proceso remonta a 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia investigó esas supuestas presiones indebidas al testigo como las visitas realizadas por el abogado Cadena a este y a otros internos que declararan a favor de su cliente, para lo cual se habrían ofrecido beneficios que iban desde apoyos en situaciones jurídicas hasta plata. Así lo dan a entender de manera preliminar las interceptaciones telefónicas que se ordenaron a estas dos personas.
La defensa del exjefe de Estado y exsenador por el Centro Democrático ha insistido en que su cliente es inocente porque nunca le pidió a Cadena que fuera a sobornar a exparamilitares, tesis que comparten la Fiscalía y la Procuraduría, que adujeron durante esta segunda solicitud de preclusión -que arrancó el año pasado- que no hay pruebas suficientes para seguir procesando a Uribe, quien hasta el momento está en calidad de imputado.
Esa figura jurídica la tiene porque cuando él renunció a su curul en el Congreso perdió el fuero, y el caso salió de la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía, que fue fuertemente cuestionada por la jueza al decirle que no trabajó lo suficiente a la hora de recaudar pruebas para obtener una preclusión.
Esta misma situación se había visto en 2022, cuando en la primera solicitud de preclusión, el Juzgado 28 Penal de Conocimiento le indicó al entonces fiscal del caso, Gabriel Jaimes, que fue poco el sustento de elementos materiales probatorios que había recogido el ente acusador, por lo que indicó que tenían que sumarse más.
El actual fiscal, Javier Cárdenas, recogió varias pruebas, pero no le fueron suficientes, pues la jueza Barrera volvió a negar la preclusión, con lo que el caso será definido en el Tribunal Superior de Bogotá, pues la Fiscalía apeló.
