El concejal de Barranquilla Juan Ospino reclamó un debate público sobre las pretensiones de las Empresas Municipales de Medellín de “forzar desplazamiento accionario de los barranquilleros en la Triple A”.
“Tras un largo y tenso proceso judicial, poco conocido por la ciudadanía debido a las cláusulas de confidencialidad, el alcalde Jaime Pumarejo anunció que la Triple A volvía a manos de los barranquilleros. A la par de ello, vimos también al presidente Gustavo Petro Urrego rechazar públicamente las cláusulas de confidencialidad, señalando que si bien son razonables no debe haber nadad oculto si se trata de una empresa de servicios públicos”, dijo el cabildante.
“Superados los desacuerdos iniciales entre la Nación, representada por la SAE, y la administración distrital, sorpresivamente, los barranquilleros y en especial el Concejo de Barranquilla, recibimos como un mensaje de mal gusto descontento y de rechazo social el pronunciamiento del Gerente de las EPM, Jorge Carrillo, por constituir un claro y directo asalto a las competencias y facultades que son exclusivas en este caso del Concejo de Barranquilla asignadas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 134 de 1994 entre otras disposiciones”, indicó el concejal.
Agregó que: “No es posible que el Gobierno Nacional y local solo hayan convenido la venta de la empresa Triple A a las EPM negando la posibilidad de que los ciudadanos también puedan adquirir acciones, así como empresas del ámbito local y regional o que la Gobernación y los municipios aledaños ´pasen se ser usuarios a propietarios. De ser así estamos frente a un desplazamiento forzado de barranquilleros, quienes, además, tal como lo precisan actos judiciales vigentes, se les arrebató su participación accionaria mayoritaria de la empresa en mención y hoy es próximamente víctima de decisiones gubernamentales desacertadas”.
El concejal fue enfático al señalar que: “señor Alcalde Pumarejo, usted debe aclarar públicamente lo dicho por el gerente de las Empresas Públicas Municipales de Medellín que “el negocio está listo. Solo falta que el Concejo lo apruebe”, colocando a la corporación en un papel de quinta y de tamborero de banda de paz, frustrando el camino que teníamos de un modelo de gestión exitosos que el centro de convenciones Puerta de Oro fuera mayoritariamente de carácter público. Recuperar la soberanía en recaudo de los tributos , la empresa de alumbrado público de propiedad de la ciudad y la liquidación de la ‘leonina’ concesión malla vial. ¿Todo este esfuerzo, alcalde, lo perderemos por falta de sensatez?
Dirigiéndose al Presidente Petro, el edil le pregunta: ¿por qué no puede la Nación ser el socio del Distrito en esta empresa si usted clara y abiertamente es un defensor de lo público y sabe que hemos perdido un tiempo valioso de casi 30 años por recuperar un equilibrio en la empresa de servicios públicos. Le solicito con todo respeto, revise las posibilidades de que usted o sus designados hagan parte de una empresa y se convierta en orgullo para por la respuesta en la calidad del servicio que ofrece a la población. No permita que su imagen quede en la foto de las decisiones erradas.
También afirma que el Concejo de Barranquilla en este momento debe asumir un papel más protagónico para garantizar debate ciudadano, ejercicios de control social y deliberación con empresarios y agremiaciones de la ciudad. El Concejo provocará los debates y discusiones posibles que aclaren el nubarrón y la tempestad generada por el Gerente de las Empresas Públicas Municipales de Medellín.
El Concejal Ospino también señaló que “La propuesta inicial de adquisiciones por parte del Distrito era una excelente iniciativa ya que le brindaba a Barranquilla la posibilidad de obtener aproximadamente el 80 por ciento de las utilidades anuales que ascienden a unos 120 mil millones de pesos . Sin embargo, la nueva propuesta plantea que en lugar de ser el Distrito, sea la Empresa de Energía de Medellín la encargada de adquirir esas acciones. Aunque EPM es una empresa pública, su funcionamiento es de carácter privado y constituye una entidad distinta y externa a la alcaldía”.
Por último, el concejal afirma que: “ante esta situación es necesario realizar una evaluación integral considerando laos próximos años como período de toma de decisiones en lugar de actuar precipitadamente. Se trata de un asunto complejo que requiere tiempo y no debe ser apresurado especialmente observando que esta cuestión ya ha retrasado el progreso de la ciudad durante 30 años y no se puede permitir que esta historia se repita”
