Durante la segunda sesión del Consejo de Política Social, la Dirección Territorial pidió visibilizar las acciones para mitigar el impacto de la reclasificación del Sisbén en la oferta institucional para las víctimas.
El auditorio del piso 12 de la Gobernación del Atlántico en Barranquilla, fue el escenario de la reunión del Consejo de Política Social 2023 que incluye a todas las entidades nacionales y territoriales encargadas de aplicar la política pública de atención a la población vulnerable, entre quienes se encuentran víctimas del conflicto armado, infancia y adolescencia, juventud, población lgbtiq+, personas en condición de pobreza extrema, discapacidad, desplazamiento forzado y migrantes.
En el marco de dicha reunión, la directora territorial Atlántico de la Unidad Para las Víctimas, Yesenia Pérez, reconoció ante los representantes de los entes territoriales y las instituciones asistentes el refuerzo que se viene haciendo para articular la política pública de atención a las víctimas.
Sin embargo, advirtió que es necesario aunar esfuerzos para optimizar los recursos y en ese orden de ideas llamó la atención para que se incluya a la Unidad y a los delegados de las mesas municipales de participación efectiva en las mesas de trabajo para la elaboración de los planes de de acción en el territorio.
Un elemento para tener en cuenta es la necesidad de verificar la metodología de aplicación de encuestas para la calificación en el Sisbén, ya que muchas de las víctimas han manifestado que aparecen referenciadas con puntajes que no coinciden con su estado de vulnerabilidad.
En este momento en el Atlántico, la Unidad para las Victimas tiene en la oferta institucional un total de 17 planes de retorno y reubicación para la población víctima del conflicto armado en 14 municipios del Atlántico incluido el Distrito Especial de Barranquilla, con planes focalizados en comunidades del sur occidente en donde residen víctimas del conflicto armado.
La Unidad hizo un llamado a la realización de un Consejo de Seguridad para verificar el estado de vulnerabilidad en el barrio Nueva Esperanza incluido en una alerta temprana lanzada por la Defensoría del Pueblo.
