Más sombras que luces ha dejado el proyecto de decreto que el Ministerio de Transporte publicó con el propósito de incrementar las tarifas de los peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Debido su ambigüedad, el texto ha suscitado un ambiente de preocupación, tanto en los sectores que respaldan la medida y como en los que no, con muchos interrogantes que no hallan respuestas.
Este reversazo en la decisión que habría tomado el Gobierno, a inicio de 2023, de frenar la subida de los peajes, podría resultar inconveniente si se hace de la manera improvisada que se está percibiendo desde el proyecto de decreto. Si bien ya existe un déficit de 800.000 millones de pesos, que hay que atender antes de que se crezca y afecte la sostenibilidad fiscal, no hay certeza de si el decreto resolvería el problema.
El anuncio del eventual incremento en las tarifas de los peajes ha causado distintas reacciones. Por un lado, los gremios de los transportadores y trabajadores han manifestado su rechazo a esta medida que impactaría de manera negativa el precio de los bienes y servicios, particularmente, en los alimentos de la canasta básica familiar. Por su parte, el sector de la infraestructura asegura que el descongelamiento es necesario para aportar a la financiación, mantenimiento, operación y construcción de diferentes infraestructuras viales en todo el territorio nacional. Entre dimes y diretes, en lo único que coinciden todos es que no hay claridad en el decreto que propone el Gobierno Nacional.
De acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en Colombia existen cerca de 180 peajes, de los cuales 113 peajes están a cargo de la ANI y 29 del Instituto Nacional de Vías (Invías), a los que se les realizaría el mencionado ajuste. Considerando que en el mes de enero por defecto suben los peajes, un doble incremento, si se emite el decreto tal y como está, sería demoledor para la economía de las familias colombianas. No hay que olvidar que también se proyectan nuevos incrementos en la gasolina y el ACPM (diésel).
Los aumentos en los cobros y las instalaciones de más casetas son motivo constante de protestas, durante todo el año, por parte del sector de los transportadores y de las comunidades, quienes se sienten afectados con los cobros de estas tarifas, y los incumplimientos de los concesionarios que mantienen importantes vías en pésimo estado. En escritos anteriores, hemos mencionado el fuerte rechazo que generan los peajes en departamentos como el Atlántico por el excesivo número de casetas que existe en el territorio, muchos de los cuales transgreden todo parámetro técnico, al incumplir la distancia mínima requerida. Un malestar razonable y justificado.
No buscamos generar un rechazo al sistema de cobro de peajes en nuestro país, ni de desconocer el gran aporte que ha realizado el modelo de concesiones con la modernización de la infraestructura vial. Lo que queremos es que no se siga afectando el bolsillo de los colombianos con aumentos desproporcionados y arbitrarios en las tarifas de peajes.
Existen muchas dudas acerca del incremento en los peajes que tendrían que asumir los usuarios el próximo año, es necesario que el Gobierno en cabeza del Ministerio de Transporte y Hacienda aclare los montos, no se justifica el desarrollo de la infraestructura vial a costa del deterioro de las condiciones socioeconómicas de los colombianos. Hay que revisar, de manera exhaustiva y técnica, la actualización de las tarifas, así como el cumplimiento de los compromisos de cada consorcio, con el mantenimiento y operación de las vías, una acción fundamental para devolver la confianza a los usuarios. Nuestra exigencia se centra en que exista una mayor claridad respecto al incremento de los peajes.
