Por: ENRIQUE MORELLI GARCÍA.
Periodista y Magister en Derecho Administrativo.
Expreso, desde lo más profundo de mi ser, mi dolor de patria. Mi solidaridad absoluta con Miguel Uribe Turbay, su familia, sus amigos y seguidores, frente al atentado que ha sufrido. Hoy elevo una petición firme a Dios por su pronta y total recuperación. Colombia necesita con urgencia la energía, la inteligencia y el liderazgo de este dirigente político interesante, comprometido y prometedor.
La reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de ofrecer protección estatal al menor de edad involucrado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, así como a su familia, representa un mensaje profundamente equivocado, con implicaciones preocupantes tanto para la justicia como para la seguridad y la moral pública del país.
No hay evidencia, hasta el momento, que permita afirmar que este joven sicario —de apenas 14 años— tenga la voluntad de colaborar con las autoridades. Por el contrario, todo en su comportamiento revela la frialdad y determinación propias de un asesino entrenado. El modo en que ejecutó el ataque no deja dudas de que estamos ante un menor con conocimientos y sangre fría comparables a los de los sicarios profesionales de las películas más oscuras de Hollywood.
A los 14 años, en Colombia, un menor ya puede decidir sobre aspectos de identidad tan complejos como el género. ¿Cómo entonces podríamos sostener que no tiene la capacidad de comprender que matar es moral y legalmente inadmisible? El argumento de la “inmadurez” pierde fuerza frente a la brutal evidencia de un crimen premeditado, ejecutado sin temblor alguno y en circunstancias que, lejos de parecer improvisadas, apuntan a una planificación cuidadosa.
“No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, que este atentado fue diseñado justamente como terminó ocurriendo. Sin ruta de escape para el agresor, sin resistencia significativa, y con la casi segura expectativa de que el aparato judicial colombiano —cargado de garantías para el victimario y tantas veces indiferente al dolor de las víctimas— saldría en su auxilio. Y así fue. No solo el atacante ejecutó el acto, cobró por el “trabajito”, y fue detenido sin mayor sobresalto, sino que ahora se encuentra amparado por el Estado, en calidad de “protegido”, probablemente rumbo a salir del país junto con su familia.
¿Qué mensaje se está enviando a la ciudadanía? Que quien atenta contra la vida de un senador de la República, si es menor de edad, no solo puede escapar del rigor judicial, sino que además recibirá apoyo institucional. Un mensaje desastroso en una sociedad donde la mayoría —la inmensa mayoría— de los ciudadanos cumplimos la ley, pero comenzamos a sentirnos más desprotegidos que los delincuentes.
La protección a este menor sicario y su familia no solo hiere la sensibilidad de un país hastiado de la impunidad, sino que constituye un error político del gobierno actual. La seguridad y la confianza ciudadana no pueden ser sacrificadas en aras de una aplicación mal entendida del garantismo constitucional.
Hoy, varias voces autorizadas, entre ellas expertos en derecho penal, han propuesto con urgencia una reforma normativa que permita judicializar con todo el peso de la ley a menores desde los 14 años cuando cometen crímenes de esta gravedad. Según cifras recientes de la propia Fiscalía General de la Nación, en los últimos cinco años más de 7.000 menores de edad han sido procesados por delitos violentos, incluyendo homicidios, sus tentativas y participación en organizaciones criminales. ¿Cuántos más necesitaremos para aceptar que el problema ya desbordó los márgenes de la prevención y exige medidas concretas?
No se trata de renunciar a las políticas públicas de protección a la niñez ni de negar las profundas causas sociales que empujan a algunos jóvenes hacia el crimen. Es imprescindible seguir trabajando por la educación, las oportunidades, y la inclusión. Pero proteger más al malhechor que al ciudadano honesto no es una estrategia de beneficio social: es un acto de rendición.
Convertir los derechos de niños, niñas y adolescentes en una vía libre para la impunidad no es una solución, es un colapso ético. Colombia no está preparada, aún, para soportar el peso moral, espiritual y social de una justicia que premie la violencia y castigue la decencia.
Hoy más que nunca, la ciudadanía necesita certezas. Y entre ellas, la principal debe ser esta: que el Estado protege al inocente, no al criminal y que pena decirlo, pero a los 14 años hoy, la inocencia es discutible.
