El director de Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, replicó al gerente de Transmecar al afirmar que el Fondo de Estabilización Tarifario (FET) goza de legalidad.
El funcionario anunció nuevas y drásticas sanciones a las empresas omisivas, incluyendo la suspensión de los registros de habilitación.
“Como autoridad de transporte, con base en nuestras facultades de inspección, vigilancia y control, estamos propendiendo por el giro de los recursos al FET, amparadas en las normas del Plan Nacional de Desarrollo. Cabe recordar que el factor de sostenibilidad fue reconocido como una fuente para los sistemas masivos de manera que las autoridades locales como el Área Metropolitano puedan establecer un componente tarifario en la estructura de la canasta de costos, en este caso el transporte público colectivo para apoyar la sostenibilidad del transporte masivo”, indicó el funcionario.
Agregó que: “Este factor lo vienen pagando puntualmente cada uno de los usuarios. Esto pudo ser confirmado en las investigaciones que hemos adelantado a estas empresas de transporte que de manera reiterativa vienen haciendo conejo al FET apropiándose de unos recursos que les aportan los usuarios para un fin específico como es la sostenibilidad de los más de 100 mil usuarios que necesitan de este medio para llegar a sus lugares de trabajo”.
“El acto de creación del FET goza de legalidad. Hay algunas acciones legales que están adelantando algunas empresas, que no se encuentran aún concluidas y hasta que eso no suceda, todo acto administrativo goza de legalidad. Estamos amparándonos en nuestras normas y en el Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la sostenibilidad del Transmetro, que es nuestra responsabilidad”, indicó el gerente del AMB.
Señaló que: “La ley 336, en sus artículos 47 y 48 les entrega la posibilidad de que en casos de conductas reiteradas como sucede con el FET, se someten a la suspensión de sus permisos de operación y hasta una pérdida de habilitación”.
El gerente del AMB hizo un llamado a las empresas transportadoras en el sentido de que sean conscientes de que deben aportar los recursos que no son de ellas y que son aportados por los usuarios y si insisten en sus conductas omisivas, la entidad se verá obligada a continuar con las mencionadas sanciones.
