Este miércoles 11 de junio, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a una consulta popular nacional, prevista para el 7 de agosto. En esta jornada, los colombianos serán llamados a las urnas para responder 12 preguntas clave relacionadas con una reforma laboral y una serie de derechos sociales.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario afirmó que el decreto “solo se derogará” si el Congreso aprueba previamente los puntos contenidos en la consulta. La iniciativa ya fue enviada a la Corte Constitucional para su revisión, como lo exige la ley.
He firmado el decreto que convoca a la consulta popular.
Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes.…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025
Entre los temas que incluiría la consulta están la reducción de la jornada laboral, el pago del 100 % de recargos por trabajo dominical y festivo, la formalización de trabajadores informales y de plataformas digitales, el reconocimiento de licencias menstruales, entre otros asuntos de impacto social.
La decisión presidencial se da pese a que el Senado había negado hace pocas semanas el concepto favorable requerido para convocar este tipo de consultas. El 14 de mayo, el Congreso votó en contra de la solicitud, lo que en condiciones normales impediría al Ejecutivo avanzar con el proceso. Sin embargo, el Gobierno alegó que hubo irregularidades en esa votación, por lo que invocó la “excepción de inconstitucionalidad” para proceder con la firma del decreto.
Este movimiento ha sido fuertemente cuestionado desde diversos sectores. Juristas como el exmagistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, han señalado que el presidente no puede suplantar el concepto del Congreso ni pasar por encima del principio de separación de poderes. Mientras tanto, líderes de oposición han calificado el acto como un “golpe de Estado institucional” y varios partidos ya han anunciado que no reconocerán al Gobierno como garante del proceso electoral. También han solicitado que la Procuraduría o el Consejo de Estado intervengan en el caso.
En paralelo, el Senado continúa discutiendo la reforma laboral por los canales regulares, lo que ha generado aún más tensión, ya que muchos de los temas que allí se debaten son los mismos que incluye la consulta convocada por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, gremios empresariales como la ANDI han manifestado su rechazo total, argumentando que el decreto rompe el orden constitucional al desconocer la autonomía del Legislativo.
Expertos advierten que el proceso abre un escenario de incertidumbre jurídica y política. Algunos ya han interpuesto recursos ante el Consejo de Estado, y se espera que la Corte Constitucional se pronuncie antes de la fecha estipulada para la votación, el 7 de agosto.
Pese a todo, Petro insiste en que esta es una forma de darle voz directa al pueblo frente a un Congreso que, según él, bloquea de forma sistemática las reformas sociales que prometió en campaña. La consulta popular, asegura, es un ejercicio legítimo de soberanía ciudadana.
Ahora, el país entra en una nueva etapa de tensión institucional. La Corte y los organismos de control tendrán la última palabra sobre la legalidad del decreto. Y mientras tanto, los ciudadanos se preparan para lo que podría ser una jornada histórica, o un capítulo más en el ya complejo pulso de poderes en Colombia.
