El abogado Giovanni Decola se pronunció tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de declarar infundadas las recusaciones que existían en contra de varios miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Dicha resolución, emitida el día anterior, eliminó uno de los principales obstáculos que habían frenado la elección del nuevo rector de la institución.
Decola manifestó su desacuerdo con el contenido del documento, asegurando que el proceso no se adelantó con la debida imparcialidad. “En primer lugar, el procurador regional, para mí, debió haberse declarado impedido. No lo vio así el procurador general, y es una situación que todos sabemos la cercanía del señor procurador regional Javier Enrique Bolaño con la Casa Char, que ha hecho evidente su apoyo a uno de los candidatos”, afirmó.
El abogado argumentó que esa relación debió ser motivo suficiente para que el funcionario se apartara del proceso, al considerar que existía un interés directo en las decisiones tomadas. Según explicó, esta situación pone en duda la objetividad del análisis hecho por el Ministerio Público en torno a las recusaciones.
En su intervención, Decola también señaló la existencia de conflictos de interés dentro del propio Consejo Superior. “Vemos que hay claros conflictos de interés de varios de los miembros, empezando por el señor Gobernador. La norma nos enseña que cuando uno tiene un dependiente, tiene que declararse impedido”, sostuvo.
El jurista explicó que el aspirante apoyado por el gobernador, Leitón Barros Ríos, es el actual secretario de Educación Departamental, lo que, a su juicio, configura una relación de subordinación directa. “El Consejo de Estado ha dicho que el dependiente es una persona subordinada. Y, lógicamente, un secretario de despacho es una persona subordinada al gobernador, es un nominador. En cualquier momento lo puede retirar del servicio”, puntualizó.
A raíz de estas consideraciones, el abogado informó que solicitó la revocatoria directa del acto emitido por la Procuraduría Regional, al estimar que la decisión contraviene la Constitución y la ley. “Estoy solicitando porque es abiertamente contraria a la Constitución y la ley, el acto que procedió el Procurador Regional”, indicó.
Por otra parte, Decola reveló presuntas irregularidades técnicas en el documento emitido por la Procuraduría. “Me llama la atención que el documento que me envía el procurador regional no tiene firma digital. Veo que hay un espacio para la firma. Yo le mandé a hacer un dictamen pericial a ese documento. Y resulta que la firma no contiene firma digital”, señaló.
Finalmente, aseguró que el dictamen pericial arrojó inconsistencias en la forma en que fue elaborado el documento. “El documento lo pasan a Word mediante fotos, mediante imágenes. Tan es así que todas las fotos están mutiladas. O sea que fue captura de pantalla. Lo que me hace prever que quien produjo ese documento no fue el procurador regional, sino que hay terceras manos ahí en la expedición de ese documento”, concluyó.
