El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 0115 de 2026 que fortalece el enfoque preventivo y la atención integral de la desnutrición infantil. La medida se adopta en un contexto en el que el país logró reducir en cerca del 60 % la mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años. Este resultado da cuenta de una tendencia sostenida asociada a la intervención temprana y al seguimiento continuo en los territorios, sobre todo en aquellos que son más vulnerables y periféricos. Con ello, el Gobierno del Cambio ratifica la protección de la primera infancia como una prioridad central de su política pública en salud.
Bogotá, 19 de febrero de 2026. Como parte de una estrategia orientada a acelerar la reducción de muertes evitables en la niñez, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 0115 de 2026, que actualiza los lineamientos técnicos para la identificación, atención, seguimiento y recuperación nutricional de niños y niñas con desnutrición aguda en la primera infancia. Esta decisión se adopta en un contexto en el que el país logró reducir en cerca del 60 % la mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años, al pasar de una tasa de 10,78 en 2022 a 4,34 en 2025, según datos preliminares, reflejando avances sostenidos en la garantía del derecho a la salud de los niños y niñas en todo el territorio nacional.
Este resultado, que representa para 2025 una disminución del 59,7 % frente a 2022 y un 97,7 % de cumplimiento de la meta nacional definida para el periodo, no constituye un dato aislado ni coyuntural. Se trata de una tendencia sostenida que confirma que el modelo preventivo de salud está funcionando, salvando vidas en poblaciones históricamente vulnerables y cerrando brechas estructurales que durante décadas se tradujeron en muertes evitables de niños y niñas. En este contexto, la nueva normativa consolida un enfoque desde la promoción de la salud y la prevención, que permite intervenir el riesgo nutricional, antes de que se configure el evento de desnutrición, y establece criterios unificados y obligatorios para todo el territorio nacional.
De acuerdo con cifras oficiales de estadísticas vitales y con información preliminar del SIVIGILA, la reducción ha sido progresiva y consistente. Entre 2022 y 2024, la tasa de mortalidad por desnutrición aguda descendió de 10,78 a 6,51, lo que ya representaba una disminución del 39,61 %. En 2025, esta tendencia se profundizó hasta alcanzar una tasa de 4,34, consolidando uno de los avances más significativos en la protección de la primera infancia en los últimos años.
La adopción de esta resolución reconoce el riesgo nutricional como una condición que exige intervención anticipada y seguimiento nominal, continuo y obligatorio por parte de todos los actores del sistema de salud, garantizando la recuperación total de cada niño o niña identificado y la continuidad del cuidado, en articulación con otros sectores del Estado.
En línea con una política de equidad territorial, el Ministerio prioriza la implementación de estos lineamientos en La Guajira, Chocó y Vichada, departamentos que concentran las mayores brechas en seguridad alimentaria y nutricional. En estos territorios se refuerzan acciones como el seguimiento posterior al egreso hospitalario, la entrega oportuna de alimentos terapéuticos y el trabajo intersectorial sostenido para proteger la vida y la salud de la niñez más vulnerable.
Estos resultados son consecuencia directa de una decisión política del Gobierno del Cambio, orientada a garantizar el derecho fundamental a la salud y a priorizar la vida de niños y niñas en los territorios con mayores brechas sociales y sanitarias. En este marco, cabe resaltar que esta cartera ha liderado una inversión sin precedentes en el sector, con un incremento real del 51,4 % en los recursos del Presupuesto General de la Nación, equivalente a 25 billones de pesos adicionales y a un esfuerzo fiscal de 1,4 puntos del PIB, a precios constantes de 2025. A ello se suma la reducción de la brecha entre la UPC de los regímenes subsidiado y contributivo, mediante la equiparación de la prima pura.
Asimismo, en tres años y medio, la inversión acumulada en salud asciende a $10,1 billones, recursos que han permitido la conformación de más de 10.500 Equipos Básicos de Salud en todo el país, la ejecución de 1.560 proyectos de infraestructura y dotación, la entrega de 1.414 vehículos de transporte asistencial y el desarrollo de proyectos CAMAD, de promoción social y de fortalecimiento de servicios dirigidos a poblaciones históricamente excluidas. Esta capacidad instalada ha sido determinante para garantizar detección temprana, atención oportuna y seguimiento continuo de la desnutrición en la infancia.
Con estos resultados, el Ministerio de Salud y Protección Social ratifica que la reducción de la desnutrición infantil es una política de Estado, sustentada en evidencia, inversión pública y presencia territorial efectiva para proteger la vida, cerrar brechas históricas y garantizar que la primera infancia sea una prioridad en la agenda pública nacional.
