La abogada y lideresa María Correa señaló que un grupo de ciudadanos hará uso de las herramientas constitucionales para que se suspendan los proyectos urbanísticos en la Ciénaga de Mallorquín.
“El área donde se están construyendo los proyectos inmobiliarios de Ciudad Mallorquín está en la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia en conurbación con Barranquilla. Esta área pertenecía a los barranquilleros, pero posterior al litigio limítrofe pasó a ser del municipio de Puerto Colombia. El municipio, en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial, determinó adelantar desarrollos urbanísticos sin tener en consideración que ese es un ecosistema y una zona de amortiguación de la Ciénaga de Mallorquín”.
Explicó que la Corporación Autónoma del Atlántico, autoridad ambiental del departamento, adelantó en el año 2017 la modificación del Plan de Ordenamiento de la Cuenca. “Fueron una serie de hechos que le permitieron a la empresa Argos realizar ese desarrollo urbanístico de alta densidad en un área que era un pulmón ambiental”, dijo Correa.
También señaló que los actos administrativos que le dieron origen al Plan Parcial de la Rivera de Mallorquín fueron demandados por un grupo de ciudadanos en su momento. “Pasados tres años, las autoridades judiciales no han tomado ninguna decisión al respecto. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial fue declarado nulo en primera instancia por una demanda que presentó la Procuraduría por consideraciones ambientales. Se está esperando una decisión de segunda instancia. Han pasado tres años largos y todavía no se decide nada al respecto. Ha habido una lentitud de la justicia”, indicó.
Agregó que: “Varios ciudadanos vamos a interponer acciones por la vía constitucional como son las acciones populares y las acciones de grupo, así como acciones de tutela para, desde la ciudadanía, poder apelar al derecho del medio ambiente sano, al derecho a la vida y al derecho al trabajo porque los pescadores de la ciénaga se van a ver afectados por los efectos contaminantes por el vertimiento de aguas residuales que va a generar este complejo inmobiliario”.
Por último, indicó que simultáneamente a estas acciones, estarán en curso las de la Procuraduría y la Fiscalía. “Esperamos que no se siga construyendo sobre los espacios que quedan de este ecosistema y esperamos que se revise los planes de ordenamiento territorial de Barranquilla y de Puerto Colombia y que se puedan preservar los demás ecosistemas urbanos que quedan. También esperamos que estos proyectos urbanísticos cuenten con plantas de tratamiento de aguas residuales para que los vertimientos no sean arrojados a las aguas y, por último, esperamos que la ciudadanía asuma una nueva conciencia ambiental en relación con nuestros ecosistemas”.
