Por: ENRIQUE MORELLI GARCÍA.
Periodista y magister en Derecho Administrativo.
El Congreso colombiano ha aprobado una nueva ley para regular la elaboración y divulgación de encuestas electorales, la cual está ya en manos del presidente para su sanción. Aunque la norma se presenta como un instrumento para “mejorar la transparencia” y “garantizar la calidad de la información”, lo cierto es que, en su diseño y efectos, esta ley plantea serios peligros para la libertad informativa y el debate público en Colombia.
Uno de los aspectos más controvertidos es la drástica restricción que impone a la publicación de encuestas de intención de voto: prohíbe divulgarlas a más de tres meses antes del inicio formal de inscripciones de candidatos, lo que, en la práctica, dejaría al país casi un año y medio sin mediciones públicas de preferencias presidenciales, justo cuando se calientan los debates políticos. A ello se suma la ya tradicional veda de diez días antes de las elecciones. Esto no es un simple ajuste técnico, es una maniobra para dejar al electorado a ciegas durante los periodos más sensibles, impidiendo que las encuestas reflejen cambios de opinión generados por crisis, escándalos o debates de interés nacional.
Pero hay un problema aún más serio detrás del ropaje técnico de esta norma: la ley impone al Consejo Nacional Electoral la obligación de vigilar, auditar y avalar todos los estudios de opinión, incluso obligando a las encuestadoras a entregar sus bases de datos, bajo promesa de anonimato, para su verificación. Esto supone que el CNE deberá contar con un equipo de profesionales altamente especializados en estadística, análisis de datos, modelación matemática, y tratamiento ético de información sensible. Sin embargo, todos sabemos que el CNE, lejos de ser un organismo técnico, es un órgano altamente politizado, donde los magistrados representan cuotas partidistas, y su aparato administrativo dista mucho de tener el músculo técnico requerido.
¿Quién garantiza, entonces, que las auditorías del CNE no se conviertan en un nuevo escenario de censura, manipulación o incluso espionaje político? Obligar a ese organismo a asumir funciones para las cuales no tiene ni la estructura ni el personal idóneo es no solo inviable en lo técnico, sino riesgoso para la democracia.
La realidad es mucho más cruda, esta ley es, por decir lo menos, un acto indecente de control político sobre quienes han venido cumpliendo el papel fundamental de informar a los colombianos sobre el estado real de la opinión pública, ya sea por tendencias de largo plazo o como reacción a hechos concretos. El Congreso —dominado por partidos con evidentes intereses electorales— ha decidido amordazar a las encuestadoras, buscando neutralizar a quienes, con cifras, reflejan la realidad de las simpatías y rechazos ciudadanos. Se pretende que los colombianos lleguen al momento electoral desinformados, sin herramientas para entender cómo evoluciona la opinión, sin saber quién crece, quién cae o qué factores están influyendo en la intención de voto.
Más allá de sus implicaciones políticas, esta ley también enfrenta serios cuestionamientos de constitucionalidad. La restricción para divulgar encuestas durante tantos meses vulnera de forma evidente el derecho a la libertad de información y de expresión, protegidos por el artículo 20 de la Constitución, así como la libertad de prensa, según lo ha advertido reiteradamente la Corte Constitucional. Este tipo de prohibiciones, en lugar de proteger la democracia, la sofocan, pues limitan el acceso ciudadano a información clave para formar su criterio electoral, lo que podría llevar a que la Corte declare su inconstitucionalidad por ser desproporcionada y arbitraria.
Igualmente, la norma afecta la libertad económica y la libre empresa, consagradas en el artículo 333 de la Carta, al imponer restricciones severas a las firmas encuestadoras, que solo podrán aceptar contratos laborales para información política, un gran filón para esas entidades, tres meses antes de cada ejercicio electoral.
Colombia necesita más y mejor información, no menos. Necesita encuestas libres, rigurosas y auditables, sí, pero no bajo el control de burócratas políticos. Esta ley no defiende la transparencia, la sabotea. Y la ciudadanía debe entender que detrás de este disfraz técnico lo que se esconde es el viejo y descarado anhelo de los poderosos: controlar el relato electoral y perpetuarse, sin testigos, en el poder.
