Durante una tensa y prolongada sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, se confirmó la designación de Leyton Barrios Torres como rector de la institución para el periodo 2025-2029, en un ambiente marcado por denuncias, reclamos y acusaciones de irregularidades en el proceso.
Barrios obtuvo el respaldo de cinco de los miembros del máximo órgano directivo universitario. Entre quienes apoyaron su nombramiento figuran el gobernador Eduardo Verano, Abraham González (representante de los egresados), Angelly Díaz Cordero (representante estudiantil), Miguel Caro (vicerrector de Investigación, Extensión y Proyección Social) y Manuel Fernández Ariza (presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla).
El proceso no estuvo exento de polémicas. Desde diferentes sectores universitarios y ciudadanos se han elevado voces que ponen en duda el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo. En particular, se cuestiona la validez de la experiencia docente presentada por Barrios como parte de su hoja de vida.
Estas inconformidades derivaron en la presentación de varios recursos legales. Entre ellos, una acción de tutela interpuesta por los aspirantes Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández, quienes argumentan una presunta violación a los derechos al debido proceso y a la igualdad durante la selección.
Pese a las críticas y las advertencias sobre posibles irregularidades, la mayoría del Consejo Superior optó por mantener la designación, resaltando la necesidad de dar continuidad al proceso administrativo y académico de la universidad.
Sin embargo, la decisión ha generado rechazo en algunos sectores de la comunidad universitaria. Docentes y estudiantes de varias facultades ya han convocado asambleas y manifestaciones en señal de protesta, exigiendo transparencia y revisión de los procedimientos que llevaron al nombramiento.

El panorama en la Universidad del Atlántico sigue siendo incierto, mientras crece la tensión entre quienes respaldan al nuevo rector y los grupos que insisten en que su elección debe ser revisada por las autoridades competentes.


