Triple A enfrenta con recursos técnicos, acción judicial y presencia permanente en el territorio el flagelo de defraudación de fluidos; entre enero de 2024 y diciembre de 2025, la empresa identificó 32.018 irregularidades, logrando recuperar cerca de 4 millones de metros cúbicos del líquido, lo que representa un valor aproximado de más de 21 mil millones de pesos. Con un volumen de agua como este, se podría garantizar el suministro a un municipio como Ponedera durante casi dos años, cuya población supera los 15 mil habitantes. Son cifras que hablan de la dimensión del problema, pero también de la capacidad de respuesta de la empresa.
El año 2026 no ha dado tregua. En lo que va corrido desde enero, se han detectado 2.110 irregularidades con una cifra cercana a los 446 mil metros cúbicos de agua, equivalentes a más de 2 mil millones de pesos, con lo que se podría abastecer durante dos meses un municipio como Santo Tomás con cerca de 27 mil habitantes. Entre los casos documentados, siete merecen especial atención por la diversidad de los establecimientos involucrados y por la magnitud de las pérdidas registradas.
Frente a este hecho, el gerente general de Triple A, Ramón Hemer Redondo, señaló que lo detectado genera un perjuicio directo sobre quienes sí cumplen con sus deberes como usuarios. “El agua que se pierde por una conexión ilegal es agua que deja de llegar a una familia, a un negocio, a una comunidad que tiene el derecho de recibir el líquido con presión, calidad y continuidad”, indicó.
El primero de estos hallazgos se registró en el municipio de Soledad, en el establecimiento Multicomercio Lavadero Mundo Lavado. En este predio de tres plantas, que alberga un lavadero de vehículos, una cancha sintética, una barbería y un estadero, la empresa detectó un medidor manipulado que abastecía toda la instalación de manera ilegal. Tras la normalización del servicio y el seguimiento realizado, se estableció un consumo promedio de 810 metros cúbicos mensuales, proyectando una pérdida total de 4.037 metros cúbicos, equivalente a $32.465.109.
En el mismo municipio se halló otro caso en un predio donde funcionan simultáneamente el Lavadero de Vehículos de Carga Servilast, el Restaurante y Asados El Calderito, los Billares La Pared y la EDS La Inmaculada. La cuadrilla halló una acometida no autorizada en tubería de PVC de una pulgada que alimentaba un tanque ilegal destinado a abastecer todos estos negocios. Este fue el caso de mayor pérdida en el área urbana: 4.565 metros cúbicos, equivalentes a $36.711.227. Dado el riesgo de reinstalación, se dispuso además un servicio de vigilancia permanente en el predio.
Tres casos relevantes en la ciudad de Barranquilla. El primero en el barrio La Sierra, donde fue intervenido el Expendio de Cárnicos Carne Full. Este establecimiento comercial, dedicado a la venta de carnes rojas, blancas y productos al carbón, operaba con una derivación no autorizada que surtía todos los puntos potables del predio. Se liquidó lo dejado de facturar, determinándose una pérdida de 1.230 metros cúbicos por un valor estimado de $9.891.524.
El segundo, un caso que llama especialmente la atención, el del inmueble del barrio San Felipe registrado como predio residencial, pero que en realidad era utilizado con fines comerciales por la empresa Servi Especiales, operando como parqueadero de buses y lavadero. La compañía detectó una acometida no autorizada que abastecía equipos de molienda y procesamiento de derivados de maíz y yuca. El contraste entre lo facturado y lo consumido fue revelador: mientras la empresa registraba 17 metros cúbicos, el consumo real tras la normalización fue de 309 metros cúbicos. La pérdida calculada asciende a 1.545 metros cúbicos, equivalentes a $12.424.720.
El tercero en el barrio Colombia, la Clínica San Martín fue objeto de una inspección que reveló una acometida no autorizada en tubería de PVC de tres cuartos de pulgada, instalada de manera subterránea a través de una jardinera colindante con un establecimiento vecino donde se adelantan obras de ampliación. Se estableció una pérdida de 2.470 metros cúbicos, valorada en $19.863.468.
En el municipio de Ponedera se realizaron dos intervenciones que evidencian la extensión del fraude hídrico hacia zonas rurales y agroindustriales. En el predio ubicado sobre la vía Ponedera-Santa Rita conocido como Finca Asturias, se encontró una acometida no autorizada de una pulgada conectada de manera irregular a la red de acueducto para abastecer la totalidad del inmueble. El cálculo de consumos no registrados arrojó una pérdida de 9.000 metros cúbicos, con un valor por concepto de dejado de facturar de $52.178.361, una de las cifras más altas detectadas en lo que va del año.
A pocos metros de allí, en un predio donde opera una granja piscícola, la cuadrilla encontró una acometida no autorizada de una pulgada empleada para surtir todo el inmueble. Lo que hace este caso particularmente preocupante es su historial: se trata de uno de los predios más reincidentes del sector, con tres procesos anteriores abiertos que acumulan pérdidas de $16.754.632 equivalentes a 3.058 metros cúbicos. Dada la naturaleza de su actividad económica, el predio permanece bajo seguimiento y control permanente por parte de la empresa con el fin de evitar nuevas pérdidas.
La estimación de los consumos por dejado de facturar para todos los casos es de cinco meses, en virtud de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y conforme a las estipulaciones del contrato de condiciones uniformes, que establece que la empresa se encuentra facultada para efectuar la recuperación de consumos no facturados por un período de cinco meses o más, siempre que se acredite la existencia de dolo imputable al usuario y/o suscriptor.
Detrás de cada uno de estos hallazgos está el trabajo de un equipo especializado que opera con tecnología de detección avanzada para identificar conexiones irregulares sin necesidad de interrumpir el servicio. Su protocolo incluye la normalización del servicio, el cálculo del volumen defraudado y la presentación de la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. El Código Penal colombiano tipifica la defraudación de fluidos con penas de prisión de 16 a 72 meses, además de multas económicas. Triple A ha activado este mecanismo en la totalidad de los casos documentados en 2026, en trabajo coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía.
La empresa hace un llamado a la ciudadanía a reportar conexiones sospechosas o cualquier irregularidad en las redes de suministro a través de sus canales de atención. El agua es un bien común, y su protección es una responsabilidad de todos.
