A veces se dice que,” fue peor el remedio que la enfermedad”; y en el caso del Instituto Colombiano de Seguridad Social, los que no conocen su nefasta historia porque, no la vivieron, hasta se atreven cosas aseverar.
Muchas veces los remedios, que de buena fe, un médico llega a recetar, no funcionan en el paciente, por que la dosis recomendada fielmente no se quiso aplicar, y su indisciplina o malos hábitos de vida, que con otros remedios automedicados, los decidió mezclar.
Hasta se llega a calificar al galeno, como un mal profesional.
No se puede desconocer que la Ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993, han sido los golpes más fuertes que ha recibido la clase trabajadora en Colombia.
Nuestro país es un Estado Derecho, cargado de tantas leyes que, en su espiritu parecieran
interpretar y considerar todas las necesidades a satisfacer, para vivir y convivir en Paz, estando en armonía con toda la gente, y hasta con el medio ambiente.
Se supone que, en función de ese propósito, se crearon las mencionadas leyes.
Pero no. Fue otro “sin querer queriendo”, que con la implementación por parte de un presidente que estaba batiendo records de popularidad y aceptación, al heredar y tomar la bandera que ondeaba el difunto Luis Carlos Galán, con señal de esperanza; la fé de los colombianos no necesitaba mucha influencia para que dichas leyes aceptara con confianza.
Ese presidente fué Cesar Gaviria Trujillo en cuya administración le correspondió ser cómplice por acción u omosión, en la implementación por parte de sus ministros, de las ponencias de senadores como Alvaro Uribe Velez, convertidas en las respectivas leyes.
Pero, aunque hubo resistencia natural de la
clase trabajadora, por lo que se estaba planteando; ésta no tuvo la suficiente visualización ni determinación para evitar el desarrollo del aparente monstruo social que se estaba creando.
Es que el ICSS, era una institución que se soportaba y mantenía, con los aportes de los empresarios, los trabajadores y del estado; éste último impuntual, porque sus recursos como que eran desviados para otros lados, y como ahora, las deudas con los prestadores de servicios también se habían desbordado.
Hasta un escandaloso manejo con el comercio de las medicinas fué detectado.
En las empresas se desarrollaron pedagogias a los trabajadores, para la comprensión del alcance de éstas leyes, su costo y beneficio.
Aunque la decisión de aceptar o no, pareciera que hubiese sido de libre albedrio, los mismos líderes sindicalistas del momento de algunas empresas, influyeron e indujeron a los
trabajadores para la aceptación, a traves de la negociación de la ley 50, con una compensación económica puntual, que resultaba atractiva, por la cantidad de dinero a recibir de manera circunstancial.
Esto fué aparentemente como un acto de prostitución laboral inducido y complaciente.
Habian razones convincentes para los que podían interpretar los fenómenos y factores financieros en la administración de las empresas; como el pasivo laboral insoportable que generaba la retroactividad de las cesantias; cuya tendencia amenazaba especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con el riesgo de desaparecer sino se aplicaba una política urgente.
Por ese temor, y el de persecución laboral interna por inconsecuencia o no querer, los trabajadores fueron presas fáciles de convencer.
Muchos trabajadores, vieron oportunidades de negocios, o adquisición de bienes de remota
consecución, para un mejor vivir, con el monto de la cantidad significativa de dinero a recibir.
La ley 100 surge como una aparente solución, a los problemas que presentaba el Instituto de Seguro Social ISS, plagado de burocracia politiquera y corrupción, que prácticamente llegó a un nivel de escandalosa postración.
Entonces, las empresas también tenían que asumir algún costo para asegurar la salud de sus empleados, por medio de convenios con clínicas y empresas aseguradoras; pero el trabajador tenía que aportar de su salario un porcentaje significativo en la medida que los servicios de salud iba usando.
El aporte correspondiente del trabajador, la empresa se lo difería en cuotas, que día a día crecían por el uso y abuso de los empleados o sus familiares, de los servicios médicos; en tal medida que crearon condiciones inmanejables para las empresas, distrayéndolas de su objeto social principal; por lo que era necesario delegar ese manejo – sin dejar de ser responsables-, al
naciente y esperanzador Sistema de Seguridad Social, afianzado en la ley 100 de 1993.
Los sistemas administrativos del estado, comprenden tres niveles de manejo para los proyectos de ley y el logro de los objetivos.
Un nivel superior o estratégico donde se genera la idea que proyecta el objetivo y donde se madura el espiritu de la ley. Se sabe lo que quiere que alcance como misión, pero no tiene definido como hacerlo.
Un nivel medio o táctico que debe interpretar la idea y procura darle forma para definir como implementarla a traves de la reglamentación de la misma, con resoluciones y decretos, creando márgenes o límites para su implementación.
Y un nivel inferior conformado por instituciones y entidades, encargadas de definir y establecer los medios técnicos para manejo de todos los recursos necesarios, y hacer visible el objeto social de la ley.
En el mismo orden, el nivel estratégico en cabeza del ejecutivo espera resultados, es decir, que se cumpla la misión y visión del proyecto o la ley.
El nivel táctico a través de los ministros determina todos los medios o procedimientos para su funcionamiento y control.
El Nivel Técnico u Operativo, a cargo de las instituciones en línea, solicita y utiliza todos los recursos necesarios para atender las necesidades de los usuarios beneficiarios, y las contingencias.
Luego, en la reglamentación o diseño de los procedimientos, como en la estimación de los recursos necesarios para satisfacer los objetivos, es donde generalmente se puede errar por exceso o defecto, y el presidente se hace responsable por su ejecución, aunque aparentemente no tenga control directo en alcance de las funciones, de las instituciones donde generalmente se cuaja la corrupción.
En consecuencia, todos los gobiernos anteriores son culpables por acción u omisión de la desgracia de nuestra nación.
Ahora que se pretende un nuevo cambio en el sistema de salud, se debe hacer un análisis previo de las circunstancias que llevaron a establecer el sistema actual, considerando que, posiblemente no es el sistema técnico como tal el que lo hace mal funcionar; sino la calidad humana de las personas que lo deben administrar.
Por supuesto que hay muchas cosas por mejorar, y se tiene bien claro, que por exceso de corrupción es que están fallando las cosas del estado.
En las EPS como parte del sistema, existe una población interesante de profesionales y empleados, ocupados en procedimientos importantes y hasta de riesgo en proceso para muchos afiliados, que un corte tajante del sistema, como el sospechado, puede lleváar al traste de un impacto socioeconómico negativo indeseado.
No me quiero imaginar el desorden de las historias clínicas en traslado, y la cantidad de nuevos desempleados.
Y que pensar de los pequeños y medianos negocios, que para prestar servicios a este sistema, también fueron creados.
No es botando el sofá de la vanidad, donde se detectó la deshonestidad, como se acabará la infidelidad.
El problema ahora es, quién controlará a quién; porque la corrupción no se ha acabado, y personajes de dudosa reputación, en el nuevo gobierno, parece que también estarán acomodados.
Por
José R.Múnera N..
