Una nueva controversia rodea las decisiones del Ministerio de Educación frente a la Universidad del Atlántico. Este miércoles 17 de diciembre, la revista SEMANA reveló en primicia que la cartera educativa dio marcha atrás a la notificación mediante la cual se ordenaba el reemplazo del rector Leyton Barrios por un periodo de un año, decisión que había sido comunicada a través de correos institucionales a las 7:58 de la noche del martes 16 de diciembre.
De acuerdo con un documento conocido por el medio, el propio ministerio dejó sin efectos la notificación electrónica realizada el pasado 12 de diciembre, al admitir que no contaba con la autorización necesaria para efectuar ese procedimiento por vía digital. En el texto oficial se indica expresamente que la comunicación identificada como 2025-EE-368257 carecía del aval requerido para su validez legal.
Este reconocimiento implicaría, en la práctica, la aceptación de una irregularidad en el proceso de notificación. Fuentes cercanas al caso señalaron a SEMANA que una situación similar, presuntamente, se habría presentado con la comunicación inicial mediante la cual se ordenó la apertura de la vigilancia especial sobre la institución.
El giro del ministerio se produce después de que el rector Leyton Barrios interpusiera una acción de tutela contra la entidad, solicitando que se dejaran sin efecto tanto las resoluciones que dieron inicio a la vigilancia, como la designación de una inspectora in situ y una resolución adicional que, según su reclamo, no habría sido notificada conforme a lo establecido por la normativa vigente.
En el marco de esta tutela, el juez de la República negó la medida cautelar solicitada por Barrios, que buscaba suspender de manera inmediata las resoluciones del Ministerio de Educación. La decisión se sustentó en que el despacho judicial no contaba formalmente con los documentos necesarios para adelantar las verificaciones correspondientes.
No obstante, el juez no descartó el resto de las solicitudes probatorias planteadas en la acción judicial. Por el contrario, ordenó al Ministerio de Educación remitir varios documentos clave, entre ellos la hoja de vida de María José Benjumea Buelvas, inspectora designada en el proceso, con el fin de evaluar su idoneidad para el cargo y conocer las gestiones que ha venido adelantando en el ejercicio de sus funciones.
