Además, en una cantera vía Puerto Colombia se reportó el hallazgo de un servicio directo con medidor.
De manera articulada, la empresa Air-e Intervenida trabaja con las autoridades en la lucha contra el hurto de energía. Como parte de las acciones desarrolladas, los técnicos de la compañía detectaron cuatro nuevos casos de fraude de energía en sectores de Barranquilla y Soledad.
Un primer hallazgo corresponde a un equipo de manipulados en un hotel, ubicado en el barrio El Tabor, en el norte de Barranquilla, en inmediaciones de la calle 94 con carrera 42F.
Esta irregularidad se suma al de un establecimiento comercial dedicado a la venta de calzado en el barrio Centro, en el que se detectó un equipo medida que no pasó las pruebas técnicas.
Adicionalmente, un local de venta de celulares y accesorios en el barrio Ciudadela Metropolitana, en Soledad, contaba con un medidor electrónico con puentes internos para evadir el pago real del consumo de energía. Otro de los casos corresponde al de una cantera ubicada en la vía hacia Puerto Colombia, que tenía el servicio directo con medidor.
Casos reportados en Magdalena y La Guajira
En lo que respecta al Magdalena, en un restaurante del barrio Centro, en Santa Marta, se encontró un servicio directo sin medidor; sumado al establecimiento comercial Dan Dan, ubicado en La Central de Ciénaga, que contaba con medidor electrónico con tapa principal y sellos manipulados.
En La Guajira, en el sector de Hormigueral, en Villanueva, se detectó un equipo de medida con signos de manipulación; mientras que en Oreganal, en Barrancas, se encontró un servicio directo sin medidor local donde se ofrecen servicios de salud.
La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que, estos nuevos casos de defraudación de fluidos generaron pérdidas económicas a la compañía por más de 225 millones de pesos durante los últimos cuatro meses.
Además, la compañía de servicios públicos reitera que, por este tipo de prácticas ilegales, y que son utilizadas para evitar el pago del consumo real del servicio de energía, podría incurrir en multas que superan los 150 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) y hasta seis años de prisión.
