El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, el cierre y posterior demolición del antiguo Puente Pumarejo. Así lo confirmó el personero de Barranquilla, Miguel Alzate, en entrevista exclusiva con Extranoticias, Radio Tropical y Transmecar Radio, quien explicó que la medida responde a una acción popular interpuesta por su despacho ante el avanzado deterioro de la estructura.
“Ya fueron notificados de la acción popular que nosotros presentamos en busca de la demolición total o parcial del antiguo Puente Pumarejo. En esa misma acción popular pedimos unas medidas cautelares que fueron decretadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Una de ellas es el cierre total del antiguo puente en virtud a su avanzado deterioro y abandono, por el cual aún transitan personas, bicitaxis, motos y vehículos de tracción animal; por debajo transitan pequeñas embarcaciones, todas en riesgo inminente”, señaló Alzate.
El personero advirtió que el antiguo puente, que fue reemplazado por una nueva estructura en 2019, se encuentra en condiciones críticas que amenazan la vida de quienes lo utilizan. “El puente está sin barandas, con huecos, con desprendimiento de sus partes. En ese sentido, esta primera victoria jurídica que podríamos señalar es el cierre que le fue ordenado al Invías como principal demandado, en un plazo máximo de 45 días. No se tomen este plazo máximo y se tomen medidas urgentes para evitar un riesgo materializado en la vida o en la humanidad de cualquier persona que transita o vive en las inmediaciones de este puente”, enfatizó.
Alzate destacó que esta decisión judicial marca un hito después de años de promesas incumplidas sobre el futuro del viejo puente. “Si se cierra sería una primera victoria y aquí estamos hablando de órdenes judiciales. Sabemos que durante estos seis años de mesas incumplidas y muchas reuniones donde se ha tratado el tema de la demolición no se ha llegado a buen puerto. No ha habido una voluntad real para buscar una solución y es por eso que buscamos una ruta jurídica”, sostuvo.
El representante del Ministerio Público explicó que, con esta decisión, la discusión deja de depender de la voluntad política y pasa al ámbito judicial. “Ya no va a ser una decisión sometida a la voluntad de las administraciones de turno, sino que será obligadamente cumplir las órdenes que aspiramos que en algún momento concluyan en un fallo que ordene su demolición. Sin embargo, sabemos que el tribunal está en un análisis de otras solicitudes que le hicimos como medidas cautelares, entre ellas realizar reuniones para buscar la solución y distribuir los recursos necesarios para su demolición”, indicó.
Según el personero, la responsabilidad principal recae en el Invías, al tratarse de una vía nacional. “Principalmente, al ser una vía nacional, es responsabilidad de manera directa del Invías, que es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, dirigir la política pública. Es decir, serían las dos entidades demandadas, pero están vinculadas como terceros interesados otras instituciones como la ANI, Cormagdalena, las gobernaciones y la Unidad de Gestión del Riesgo, entre otras”, explicó.
La Personería Distrital de Barranquilla espera que las entidades nacionales cumplan con la orden judicial en el tiempo establecido y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades cercanas. La demolición del viejo Puente Pumarejo, una estructura emblemática pero hoy en ruinas, podría finalmente poner fin a una larga historia de riesgos, advertencias y promesas incumplidas.
