Uno de los detalles a los que más se le ha puesto atención en la
recién radicada Reforma Tributaria del presidente Gustavo Petro,
son las modificaciones a los impuestos que deben pagar los que
tengan pensiones superiores a los $10 millones.
Según el articulado presentado por el Ministerio de Hacienda,
quienes tengan ingresos por pensiones que excedan los 1.790 UVT
empezarán a pagar impuesto de renta. Una Unidad de Valor
Tributario es la medida equivalente a pesos utilizada para
determinar las diferentes obligaciones tributarias para simplificar
los cálculos y obligaciones.
Para 2022 está fijada en $38.004, lo que quiere decir que el nuevo
gravamen que plantea el Gobierno afectaría a las pensiones de
$68,02 millones si se toma la UVT actual. “Esto significa que una
pensión superior a $5,66 millones mensuales, que hoy está exenta,
pagaría impuesto” explica Carlos Giovanni Rodríguez, socio
fundador de la firma de abogados Jiménez Higuita Rodríguez &
Asociados.
Pero Rodríguez asegura que se debe tener en cuenta que la tabla
para personas naturales a la cual se debe sujetar este ingreso
empieza en 1.090 UVT, esto es, algo más de $41,4 millones, por lo
que en realidad las pensiones que se afectan son las que superan
los $125 millones, disminuyendo los aportes a salud. Si se reciben
13 mesadas, estaría gravando pensiones por encima de $9,6
millones.
Bebidas azucaradas y alimentos
El ministerio compartió cuáles son los puntos principales de la
reforma, que promete “disminuir las exenciones inequitativas de
las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y
algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la
elusión tributaria”. A su vez, también pretende lograr los recursos
suficientes para financiar el fortalecimiento del sistema de
protección social.
Entre las nuevas fuentes de captación de dinero para el Estado
estarían los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos
ultraprocesados, así como a los plásticos de un solo uso y las
fuentes de contaminación de carbono.
Las bebidas azucaradas y refrescos se gravarían de acuerdo al
contenido de azúcar en gramos por cada 1000 mililitros de bebida.
En otras palabras, entre más azúcar, más costoso será el producto.
Con esta medida se espera acumular 1,02 billones de pesos.
“Las disposiciones contenidas en esta iniciativa legislativa proponen
la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas, de tal manera
que el hecho generador del impuesto corresponda a la producción
y primera venta del producto. Esta diferenciación tarifaria
contribuye a promover la reducción del consumo de los productos
con mayor contenido de azúcar en el país”, indica el texto del
proyecto de ley.
Para el caso de los alimentos ultraprocesados, que incluyen
embutidos, snacks, dulces y polvos para preparaciones, se propone
un impuesto del 10 % del costo total. Con esta medida se estima
reunir al menos 1,09 billones de pesos, pero está pensada más por
los potenciales efectos adversos que tienen en la salud de los
colombianos. El porcentaje del PIB con este impuesto sería del 0,15
%.
“Considerando la importancia de algunos de estos productos en la
canasta básica de los hogares colombianos, algunos bienes no
serán gravados por este impuesto para no afectar el ingreso de los
hogares más vulnerables, entre los que se destacan la mortadela, la
butifarra y el salchichón, entre otros”, puntualiza el documento.
