La extorsión es un problema grave que ha ido en aumento en Barranquilla en los últimos años, afectando a numerosos sectores de la sociedad, desde pequeños comerciantes hasta grandes empresarios. El incremento de este delito en la capital del Atlántico ha sido vinculado en parte al fortalecimiento de bandas criminales y grupos delincuenciales organizados. Estos grupos suelen operar en barrios específicos y se han especializado en extorsionar a comerciantes, dueños de negocios y transportistas.
Este fenómeno ha generado un clima de miedo e inseguridad, afectando no solo la economía local sino también la vida cotidiana de los barranquilleros. Muchos comerciantes han tenido que cerrar sus negocios o reducir sus operaciones debido a las constantes amenazas y la falta de recursos para seguir pagando estas “vacunas”. Otros optan por no denunciar ante las autoridades por temor a represalias, lo que dificulta el combate efectivo contra este delito.
Quien si decidió tomar una drástica decisión fue la empresa transportes Lolaya, así lo confirmó el directivo Francisco pupo, invitado de hoy en las mañanas informativas de nuestro medio aliado La Nueva 870 AM: “la empresa de transporte Lolaya se ha visto en la obligación de momentáneamente suspender sus actividades porque los extorsionistas además de amenazar a todos los usuarios y administrativos, se parquean en moto en la puerta de la empresa”.
El directivo además de afirmar que los 104 buses que conforman el parque automotor dejaran de laborar, expresó lo que ha dicho el Área Metropolitana: “El Área metropolitana ha dicho que van a hablar con el alcalde, con el general, el ministro de prensa, pero la situación cada día empeora más, ya nos están baleando los buses”.
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