Este miércoles, el presidente Gustavo Petro firmó el controvertido decreto 0639 de 2025, mediante el cual convoca a los colombianos a una consulta popular el próximo 7 de agosto.
El decreto, ya enviado a revisión de la Corte Constitucional, plantea puntos como la reducción de la jornada laboral, recargos dominicales del 100 %, licencias menstruales, derechos de los trabajadores de plataformas digitales y la formalización laboral de sectores informales. Petro ha defendido la consulta como un ejercicio legítimo de soberanía ciudadana frente a un Congreso que, en su criterio, no representa los intereses populares.
Sin embargo, más allá del contenido del decreto, una de las mayores sorpresas del día fue la ausencia de varias firmas en el documento oficial. Cuatro altos funcionarios del gabinete no estamparon su firma junto a la del presidente. Se trata de la canciller Laura Sarabia, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Lena Yanina Estrada y el designado ministro de Justicia Eduardo Montealegre.
La omisión resulta llamativa, sobre todo porque se trata de figuras cercanas al mandatario. Laura Sarabia, actual ministra de Relaciones Exteriores, ha sido una de sus colaboradoras más influyentes desde el inicio del gobierno. Edwin Palma, ex agente interventor de Air-e y figura clave en la política energética del Gobierno, también ha sido un defensor de la agenda laboral. En el caso de Lena Yanina Estrada, su cercanía con sectores ambientalistas y progresistas ha estado en sintonía con el discurso oficial. Finalmente, Eduardo Montealegre, exfiscal y designado ministro de Justicia, fue uno de los principales respaldos jurídicos del presidente durante su campaña por el “gobierno del cambio”.
Aunque ninguno de ellos se ha pronunciado públicamente sobre su decisión de no firmar el decreto, su ausencia alimenta las especulaciones en torno a posibles diferencias internas frente al alcance legal y político de esta convocatoria.
Fuente: El Tiempo
