El incremento del 23% en el salario mínimo legal vigente ha encendido las alarmas en el sector de la propiedad horizontal, debido al impacto directo que tendrá en las cuotas de administración. Así lo advirtió Jorge Enrique Hernández Alonso, especialista en propiedad horizontal, durante una entrevista en exclusiva con Extra Noticias, Radio Tropical y Transmecar Radio, en la que analizó los principales retos que deberán enfrentar administradores y copropietarios a partir de este ajuste salarial.
El especialista explicó que la situación es especialmente compleja para los administradores, quienes tienen la responsabilidad de estructurar presupuestos acordes a la realidad de cada copropiedad. “Las personas que están en ese lugar son las que más se van a ver enfrentadas a una situación difícil”, señaló, al indicar que el aumento del salario mínimo obliga a realizar incrementos significativos en varios rubros, lo que termina reflejándose en las cuotas de administración.
De acuerdo con Hernández , todos los gastos asociados a la mano de obra deberán ajustarse como mínimo en ese mismo porcentaje. “Todos los rubros que tengan influencia con la mano de obra tienen que incrementarse como mínimo en el 23%”, afirmó, mencionando como casos más evidentes la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y el aseo, sectores en los que gran parte del personal devenga el salario mínimo legal vigente.
Ante este panorama, subrayó la importancia de construir presupuestos responsables y priorizar los gastos realmente necesarios para el funcionamiento de la copropiedad. En ese proceso, recomendó eliminar rubros que no sean esenciales. “Se deben presentar los gastos que en verdad influyen en el desarrollo normal de la propiedad horizontal y eliminar aquellos que se podrían calificar de suntuosos”, explicó, citando como ejemplo celebraciones internas como el Día de la Madre, el Día de los Niños o las novenas decembrinas.
Otro de los factores que agrava la situación, según el especialista, es el alto nivel de cartera morosa que registran muchas copropiedades. Para Hernández este es un punto crítico que debe abordarse con mayor conciliación y responsabilidad colectiva. “Todos vamos a tener que apretarnos el bolsillo un poco más, en especial aquellas personas que por una u otra circunstancia han incurrido en mora”, expresó, haciendo un llamado a que se establezcan acuerdos de pago para ponerse al día con las expensas comunes.
Asimismo, aclaró que el cobro de intereses moratorios no responde a una decisión caprichosa de la administración. “La ley obliga al administrador a cobrar intereses moratorios”, indicó, enfatizando que se trata de una función legal que, de no cumplirse, puede generar consecuencias para los propios administradores y consejos de administración.
Finalmente, se refirió a las alternativas para evitar que el incremento de las cuotas llegue al 23%. Señaló que cada copropiedad debe ajustar sus gastos según sus necesidades reales y apostar por la implementación de tecnología. “Implementemos más tecnología”, propuso, explicando que sistemas de cámaras y monitoreo pueden optimizar la seguridad y reducir costos de mano de obra. Además, invitó a los copropietarios a asumir un mayor compromiso con el cuidado y el aseo de las zonas comunes, como una forma adicional de contribuir a disminuir el impacto económico del aumento salarial.
