El gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano, solicitó al Gobierno Nacional la suspensión inmediata del traslado de cabecillas de organizaciones criminales hacia Barranquilla, hasta tanto no se refuercen las condiciones de seguridad y el sistema institucional en las cárceles de la jurisdicción. La petición fue realizada tras un diálogo sostenido en la capital del Atlántico con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, en medio de una creciente controversia que ha sacudido a la ciudad durante los últimos días.
El pronunciamiento del mandatario departamental se da en un contexto de fuerte rechazo ciudadano y político frente a la posibilidad de que Barranquilla se convierta en escenario para el traslado y eventual concentración de altos cabecillas de estructuras criminales, entre ellas bandas como Los Pepes o Los Costeños. La decisión, impulsada desde el alto Gobierno, ha generado un amplio debate en el que han intervenido el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, congresistas de distintos sectores y el propio presidente Gustavo Petro.
Durante la reunión, en la que también participó el alcalde Char, Verano fue enfático en señalar que, si bien el Atlántico no le cierra la puerta a la paz, no se puede avanzar en procesos de diálogo sin garantías claras de seguridad y control institucional. Según el gobernador, la propuesta de convertir a Barranquilla en escenario de conversaciones entre organizaciones delictivas debe ir acompañada de una estructura estatal sólida que respalde cualquier acuerdo que se pretenda alcanzar.
“Si vamos a ser escenario de conversaciones de paz, es fundamental que paralelamente exista la construcción de un sistema institucional muy sólido por parte del Gobierno Nacional”, afirmó Verano, al advertir que procesos sin un acompañamiento efectivo de entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo podrían abrir la puerta a escenarios de mayor inseguridad y descontrol.
El gobernador también expresó su preocupación por las condiciones actuales de las cárceles en el Atlántico, las cuales, según indicó, no están preparadas para albergar este tipo de procesos. La falta de cámaras de seguridad, sistemas de control interno y herramientas tecnológicas adecuadas podría convertir los centros penitenciarios en focos de expansión del crimen organizado, afectando directamente la tranquilidad de la ciudadanía.
Verano fue claro en advertir que una eventual llegada masiva de cabecillas criminales sin una planeación rigurosa podría derivar en una “invasión” de organizaciones delictivas en la ciudad, con consecuencias negativas tanto en materia de seguridad como de gobernabilidad. Por ello, insistió en que primero se debe fortalecer la infraestructura institucional y penitenciaria antes de considerar cualquier traslado.
El tema sigue generando tensión y expectativa en Barranquilla y el departamento del Atlántico, donde la mayoría de la ciudadanía ha manifestado su desacuerdo con esta iniciativa. Mientras continúan los diálogos entre autoridades locales y el Gobierno Nacional, la discusión se mantiene abierta y se perfila como uno de los debates más sensibles del país en torno a la política de paz y seguridad.
