En entrevista exclusiva con Extra Noticias, Radio Tropical y Transmeca Radio, el abogado Giovanni Decola se refirió a la situación jurídica del rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, cuya designación fue realizada por el Ministerio de Educación en medio de la crisis institucional que atraviesa la alma máter, tras la anulación de la elección de Leyton Barrios como rector en propiedad.
Uno de los principales cuestionamientos surgidos tras el nombramiento de Castillo Pacheco está relacionado con una presunta inhabilidad disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación. Frente a este tema, Decola explicó que, según la información que maneja, el actual rector sí fue sancionado en primera instancia. “Él fue destituido y sancionado con una inhabilidad de diez años en primera instancia”, señaló, aclarando de inmediato que dicha decisión fue impugnada y revisada posteriormente.
De acuerdo con el abogado, en segunda instancia la Procuraduría revocó la sanción inicial, lo que cambiaría por completo el panorama jurídico del funcionario. “En segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación revocó esa decisión y tengo entendido que lo absolvió”, indicó Decola, quien añadió que, de confirmarse esta revocatoria, Castillo Pacheco no tendría ningún impedimento legal para ejercer el cargo de rector encargado.
No obstante, el jurista fue prudente al señalar que esa decisión de segunda instancia aún no aparece publicada en la plataforma oficial del ente de control. “Esa es la información que tengo, que no la he constatado porque aún no aparece en la plataforma”, explicó, aunque insistió en que resultaría “aberrante” que tanto el rector como el Ministerio de Educación avanzaran en el nombramiento si existiera una inhabilidad vigente. Por ello, afirmó confiar en que la sanción efectivamente fue revocada.
Decola también abordó las consecuencias jurídicas de esa decisión, explicando que, al caer la sanción principal, automáticamente se extinguen las sanciones accesorias. “Caída la sanción principal que es la destitución y la inhabilidad, la sanción accesoria que fue la multa, obviamente se cae, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, precisó durante la entrevista.
En cuanto a la discusión sobre si Rafael Castillo debía posesionarse ante el gobernador del Atlántico como cabeza del Consejo Superior, el abogado fue categórico al descartar esa posibilidad. “En lo absoluto”, afirmó, explicando que los rectores interventores designados por el Ministerio de Educación asumen funciones directamente con el acto administrativo, sin necesidad de una posesión adicional, debido a que se trata de una facultad excepcional aplicada en contextos de crisis universitaria.
Finalmente, Decola se refirió al caso de Leyton Barrios, señalando que su situación ya fue definida judicialmente. Recordó que el Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la tutela que había suspendido los actos del Comité Electoral, ratificando su legalidad. “El tribunal dijo que esa decisión tenía plena validez y que él debía defenderse en sede contenciosa administrativa”, explicó, concluyendo que Barrios “ya no está solo suspendido, sino definitivamente retirado del cargo”, lo que dio paso a la designación del rector encargado para restablecer la gobernabilidad en la Universidad del Atlántico.
