El escalamiento de la violencia e inseguridad a nivel nacional, deja hoy lamentables cifras de personas fallecidas, heridas y desaparecidas, además de un largo listado de violaciones a los derechos humanos. Ante esta alarmante situación, es definitivo que el Gobierno Nacional respalde y revista de autoridad a la Fuerza Pública.
En el informe más reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Colombia, quedó registrado que durante el 2022, se cometieron 92 masacres en el territorio nacional, un total 321 víctimas mortales: 270 hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas. Representando un aumento casi del 20% con relación a 2021. De acuerdo con el documento las masacres se concentraron en el suroccidente del país (Cauca, Nariño y Valle del Cauca) y en Antioquia.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (Indepaz), asegura que en lo corrido del año se han registrado 20 masacres en 11 departamentos del país y Bogotá, que han dejado por lo menos 62 víctimas asesinadas. Así empiezan los registros de un año en el que la violencia ha empezado a salirse de todo control.
Situaciones como la violencia desatada en medio del paro minero en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, que evidencian la infiltración de las organizaciones criminales en la protesta social, han dejado un manto de dudas frente a la actuación del Gobierno. Ni el toque de queda decretado por la Gobernación de Antioquia en 12 municipios impidió que se dieran nuevos enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública. En medio de la tensa situación de orden público, se sigue agudizando la crisis para la población civil que ha perdido la tranquilidad y padece los efectos del paro con la escasez de alimentos, medicamentos y todo tipo de insumos.
Asimismo, el despiadado episodio de violencia, en medio de las protestas de campesinos e indígenas contra la petrolera Emerald Energy en San Vicente del Caguán, en el que un Policía y dos personas fueron asesinadas y más de 70 miembros de la Policía secuestrados, revivió la discusión acerca de la desvirtuación de las manifestaciones, cuando a través de actos de violencia se cruza la línea del legítimo derecho a la protesta pacífica, así como el rol de la Fuerza Pública y el apoyo del Gobierno.
Todo acto de violencia merece no menos que el repudio y cuando se recrudece la situación en departamentos que han puesto una cuota innumerable de víctimas, lo mínimo que se espera y exige es la atención de toda la Nación. Nuestros hermanos ya han pagado demasiado por el conflicto armado. Con dolor de patria, rechazo y condeno ardientemente los recientes hechos, y sirvan estas palabras como mi ofrecimiento de condolencia para los seres queridos de las víctimas.
En el último inciso del artículo segundo de la Constitución de 1991, se reconoce y protege el valor de cada uno de los residentes del territorio nacional, por esto, se establece el deber de proteger a dichas personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Por su parte, el artículo 7 de la Carta Magna da la orden de proteger nuestra diversidad étnica y cultural. Por esto es imperante abrir el diálogo constructivo para robustecer tanto la fuerza pública, como el tejido social que tanto se ha atropellado durante estos casi 60 años de conflicto armado.
Estos deberes constitucionales no son simbólicos, son Principios y Fines Esenciales del Estado Social de Derecho, son un hecho axiomático, y su observancia y cumplimiento recae en todos los funcionarios que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Dos cosas que no podemos negociar son el respeto a la vida y la seguridad del Estado, que deben ser fortalecidos para garantizar la democracia, la institucionalidad y la protección de los ciudadanos. No podemos permitir que la violencia despiadada vuelva a llenarnos de luto, los colombianos debemos mantenernos unidos, rodeando al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública en esta lucha que la violencia no nos va a ganar.
