Este lunes, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) realizó una audiencia pública en Barranquilla para analizar la crisis tarifaria que golpea al Caribe colombiano.
En el encuentro, los usuarios exigieron una solución inmediata al problema de las altas tarifas y advirtieron que si no se toma una decisión pronta, la comunidad realizará protestas en la región.
En la reunión, los expertos de la Creg abrieron un espacio de diálogo y colaboración con representantes de la región. Los que intervinieron dieron a conocer los múltiples problemas que afronta la comunidad por los altos costos de la energía eléctrica.
La reunión responde al cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenó “reducir las tarifas del servicio de energía eléctrica para la Región Caribe”.
La convocatoria fue ordenada por el magistrado Jorge Fandiño en la Acción Popular que le concedió a los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, y de Santa Marta, Edward Orozco.
La reunión se realizó en el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar. Allí se analizó el impacto del incremento tarifario en los usuarios costeños, impulsado por el reconocimiento de las pérdidas y por la opción tarifaria.
El personero de Barranquilla dijo que la audiencia se desarrolló con calma. “Los integrantes de la Creg tuvieron el mandato de escuchar a la ciudadanía para conocer cuál es el impacto social y económico que vienen generando las altas tarifas en nuestro territorio. Posterior a esta audiencia, se debe dar máximo a los diez días subsiguientes una nueva audiencia donde la Creg debe tomar decisiones. Hoy recibe insumos de la comunidad y en los próximos diez días se debe producir un acto administrativo que modifique las altas tarifas. De no cumplirse estas ordenes judiciales, estarían inmersos en un desacato que tiene como sanción multas y hasta cárcel”.
Agregó que “Nosotros como accionantes de esa acción popular, los personeros estamos haciendo una vigilancia al cumplimiento estricto de la orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico”.
Por su parte el personero de Santa Marta dijo que: “esto no puede quedarse como un saludo a la bandera. Lo que buscamos en este escenario es conocer la posición de la Creg sobre la problemática que afecta no solo a los usuarios de Santa Marta sino a todos los usuarios de la región y ese fue el llamado que hicimos. Ya no queremos comunicados de prensa. Nosotros lo que queremos es el acto administrativo por medio de la cual se reduzcan las tarifas del servicio eléctrico”.
Los participantes coincidieron en señalar que el Estado es el único con músculo financiero para acometer de manera eficiente los cuantiosos recursos que se requieren a través del fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos e incluso un crédito puente con el Banco de la República para las inversiones requeridas.
También señalaron que se debe descartar la fracasada política de privatización. Las experiencias la tuvieron con Unión Fenosa y Electricaribe, que fueron una pesadilla para todos los habitantes de la región.
De igual forma dijeron que se requiere una rebaja tarifaria inmediata dejando de lado el oprobioso régimen tarifario contra los costeños y que se deje de cobrar de manera inmediata la llamada opción tarifaria que la empresa Air-e cobró y recaudó alrededor de 870 mil millones de pesos. Esa opción tarifaria fue aprobada en el actual gobierno con la Resolución 101-028 pagaderos a diez años, pero Air-e la cobró de manera acelerada.
En su intervención, el gobernador Eduardo Verano propuso que el Gobierno nacional asuma las pérdidas para permitir una reducción de las tarifas de energía.
“Las altas tarifas tienen relación con el cobro de las altas pérdidas, porque jamás había ocurrido. Siempre había sido parte de las responsabilidades de los generadores, pero se empezaron a cobrar a los usuarios. Por eso la facturación se multiplicó de una manera nunca antes vista”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo debe avanzar en la consolidación de un fondo para la compensación de pérdidas: “Este costo no puede ser cargado al consumidor, porque la empresa es la que tiene que tener la tarea de disminuir las pérdidas. Este fondo de pérdidas debe velar para que haya el mejoramiento sustancial de la calidad técnica del servicio a través precisamente de un manejo totalmente diferente a las pérdidas”.
Por su parte el viceministro de Energía, Javier Campillo, afirmó que “El Gobierno es consciente de los retos que tiene el Caribe colombiano en materia energética”.
De acuerdo con el funcionario, todas las entidades del orden nacional han venido adelantando -durante los últimos dos años- análisis frecuentes de la situación, en busca de un “mecanismo justo”.
“Esta audiencia es reflejo de este compromiso. La Creg presentará todos los mecanismos de modificación tarifaria como le corresponde. Se han hecho modificaciones en toda la cadena, no solamente para la Costa Caribe, sino para todo el país”, aseguró Campillo.
Argumentó que el alto consumo de energía en el Caribe se encuentra asociado a las altas temperaturas, así como por las condiciones diferenciales que se aprobaron en medio del traspaso de Electricaribe a Air-e y Afinia.
“En el interior del país a veces se dice que la Costa no tiene cultura de pago. La Costa sí tiene cultura de pago, pero no tiene cultura de ahorro. Es diferente. Aquí, por la alta informalidad, se maneja una cultura de pago diaria, semanal y quizás estamos utilizando reglas y mecanismos que no se ajustan a las condiciones de operación particular de la Costa”, enfatizó.
Indicó que se busca construir un mecanismo eficiente que se ajuste a las condiciones de operación en el Caribe y “que permita que los usuarios puedan recibir su derecho y cumplan con sus obligaciones”.
“La ley 142 establece que es un derecho el acceso a la energía, pero también los usuarios tienen la responsabilidad y la obligación de pagar por ese derecho. Por eso es importante que todas las partes aportemos”, terminó señalando el ministro de Energía.
