En entrevista exclusiva con Extra Noticias, Radio Tropical y Transmecar Radio, el abogado José Castilla, vocero de los trabajadores de la Universidad del Atlántico, lanzó una alerta pública sobre decisiones administrativas que estaría adoptando el rector encargado, Rafael Castillo. Según el representante de los empleados, se estarían realizando encargos y supuestos ascensos en cargos importantes a personas que no cumplirían con el perfil exigido por la normativa vigente, lo que a su juicio desconoce los principios legales que rigen la carrera administrativa.
Castilla explicó que su pronunciamiento se da desde el rol institucional que ejerce como representante de los empleados de carrera ante la Comisión de Administración y Vigilancia de la carrera administrativa de la Universidad del Atlántico, instancia que cumple funciones similares a las de la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro del marco de la autonomía universitaria. No obstante, aclaró que dicha autonomía, respaldada por sentencias de la Corte Constitucional, no puede ejercerse por fuera del orden legal y constitucional del país.
El vocero reconoció que el rector tiene la potestad de conformar su equipo de trabajo y realizar nombramientos, pero advirtió que estos deben respetar los procedimientos establecidos. En ese sentido, cuestionó la expedición reciente de unas resoluciones que, según indicó, se habrían presentado como “ascensos”, pese a que en la administración pública este tipo de decisiones solo pueden darse mediante procesos previos de concurso y meritocracia. Además, señaló que existen cargos vacantes en la planta de personal por jubilaciones, fallecimientos y retiros, así como funcionarios provisionales y de carrera que deben ser considerados bajo criterios claros y legales.
Castilla afirmó que no conoce el contenido de las resoluciones expedidas ni los detalles de los presuntos beneficiarios, pero indicó que ha trascendido que algunas de estas decisiones habrían favorecido a determinados dirigentes sindicales. Ante este panorama, hizo un llamado directo al rector encargado para que, en aras de la transparencia, la economía y la celeridad administrativa, se publiquen los actos administrativos correspondientes, recordando que toda actuación de la administración pública debe ser de carácter público.
Finalmente, el abogado denunció que ha recibido amenazas por exigir claridad y transparencia en este proceso, situación que calificó como preocupante y que, según dijo, no lo apartará de su labor de vigilancia y defensa de los derechos de los trabajadores. Reiteró que su llamado no busca desconocer la autoridad del rector, sino garantizar que las decisiones administrativas de la Universidad del Atlántico se ajusten a la ley y a los principios que rigen la función pública.
