La Contraloría General de la República adelanta actualmente en el departamento del Cesar 101 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía total de $163.239 millones.
De estos procesos, siete de ellos ascienden a $53.766 millones, referidos a proyectos relevantes. Se trata de dos procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en el desarrollo y construcción de viviendas de interés social en el departamento del cesar.
Los Procesos de Responsabilidad Fiscal son los siguientes:
1. Cuantía del daño: $20.010 millones. Irregularidades evidenciadas del contrato de Fiducia Mercantil No. 2-1-49703, para desarrollar la Urbanización Nuevo Amanecer Etapas 1 y 2 en el municipio de Aguachica, adelantado en desarrollo del Convenio Marco No. 2013030138, cuyo objeto fue la “Construcción de vivienda de interés prioritario en los municipios de San Alberto, Aguachica, Curumaní, Astrea, Becerril, San Diego y Gamarra del departamento del Cesar”, suscrito entre el departamento del Cesar y la Caja de Compensación Familiar del Cesar -Comfacesar, por valor total de $114.823 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la actuación especial de fiscalización, adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República a la Gobernación de Cesar.
Se determinó que la urbanización fue construida en un lote que no era apto para ello, generando falencias como grietas y fisuras en los muros, así como inundaciones por aguas lluvias en las viviendas, debido a que el proyecto no cuenta con un sistema de conducción a un vertedero final para las aguas lluvias, quedando estacadas, generando malos olores y afectaciones por humedad en las casas, que no permiten el disfrute adecuado de las viviendas por parte de sus beneficiarios.
En desarrollo de esta actuación, se vinculó la compañía aseguradora con el fin de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio. Igualmente, se está recolectando información patrimonial de los presuntos responsables.
Entidad afectada: Banco Agrario de Colombia
Cuantía del daño: $651 millones
Incumplimiento en la ejecución del contrato de Gerencia Integral G.I. 165 CGV2014-010 de 2010 del 10 de diciembre de 2014, cuyo objeto era la administración de los recursos de subsidio de vivienda rural para beneficiar a 180 hogares en los corregimientos de Valencia, Guimaral, Atanquez, El Jabo, Patillal, Badillo, Los Venados, Mariangola, Aguas Blancas del municipio de Valledupar, suscrito entre el Banco Agrario de Colombia y la Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe “Asoproagros” por valor de $1.421 millones.
Este Proceso de Responsabilidad Fiscal tuvo su origen en la auditoria regular adelantada por la Contraloría Delgada para el Sector Agropecuario.
Se detectó que, se presentaros irregularidades en la construcción de 58 viviendas, las cuales presentan obras faltantes, defectuosas y con deficiencias constructivas.
En el desarrollo del Proceso de Responsabilidad Fiscal se ordenó la investigación de bienes, en aras de garantizar el resarcimiento del Patrimonio Público.
Un tercer proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica – departamento del cesar. El detrimento es de $11.072 millones
La Contraloría General de la Republica adelanta 2 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $11.072 millones, por irregularidades en la implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica.
La entidad afectada es el municipio de La Paz. La cuantía del daño asciende a $10.423 millones.
Las Irregularidades se presentaron en la ejecución del contrato de obra No. No. LP-002 de 2020, cuyo objeto fue la “Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del Municipio de La Paz – Cesar” suscrito entre el Municipio de La Paz y la Unión Temporal Unión Temporal Energías para La Paz, por valor de $9.833 millones y del contrato de interventoría No. IT-002-2020 de 2020, celebrado con PROINGES SAS, por valor de $590 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la actuación especial de fiscalización adelantada por la Contraloría Delegada para el Posconflicto de la Contraloría General de la República.
