La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exrector de la Universidad de Córdoba, Víctor Hugo Hernández Pérez, como agente del Estado no integrante de la fuerza pública por el homicidio del precandidato a la rectoría, Hugo Iguarán Cotes, cometido en el año 2000.
La Subsala Especial B de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que los aportes a la verdad entregados por Hernández Pérez en el marco de este proceso superan lo establecido hasta ahora por la justicia ordinaria.
Cabe recordar que el exrector había sido condenado en 2010 a 35 años de cárcel en ausencia por este crimen, que conmocionó a la sociedad cordobesa. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo en segunda instancia en 2014.
Los hechos se remontan al 16 de septiembre de 2000, cuando Iguarán Cotes, aspirante a la rectoría de la Universidad de Córdoba e ingeniero Agrónomo de 53 años, fue citado a una reunión en la casa del entonces rector encargado, Víctor Hugo Hernández.
Al parecer, se trataba de una trampa mortal orquestada por Hernández en complicidad con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que controlaban la institución educativa bajo las órdenes de Salvatore Mancuso.
Cuando Iguarán se encontraba en la vivienda ubicada en la Urbanización Villa del Río, irrumpió un comando armado que lo acribilló con 20 disparos frente a los demás presentes. Meses antes había sufrido un atentado del que salió ileso.
Según Hernández Pérez, existieron irregularidades e inconsistencias en el proceso penal que lo llevó a ser condenado en ausencia como determinador del homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir.
Afirma que la sentencia se basó en testigos falsos y que no se tuvieron en cuenta pruebas a su favor, como la grabación de un testigo admitiendo haber mentido en su contra.
Con su sometimiento voluntario a la JEP, el exrector se comprometió a realizar aportes completos a la verdad sobre este emblemático caso, que fue uno de los tantos crímenes cometidos por las AUC en su violenta toma de control de la Universidad de Córdoba.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó comunicar esta decisión a la Sala de Reconocimiento para que evalúe si la información suministrada por Hernández Pérez puede contribuir al esclarecimiento de este y otros hechos en el marco del caso 08 que investiga la situación territorial de Urabá y el Norte del Chocó.
De esta manera, se aplica el enfoque restaurativo de la justicia transicional en un sonado caso de violencia paramilitar que aún guarda zonas grises, con la esperanza de encontrar la verdad plena sobre lo ocurrido.
