El esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz está en el centro del debate tras los señalamientos del presidente Abelardo De la Espriella. Su actividad empresarial en el sector de la construcción, los contratos reportados en registros públicos y sus vínculos con la política insular vuelven a poner bajo escrutinio la relación entre los negocios privados y los recursos públicos.
Norbert Vonblon Pomare, empresario del sector de la construcción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pasó a ocupar un lugar central en la controversia política del archipiélago después de que el presidente Abelardo De la Espriella lo señalara públicamente por sus presuntos vínculos con la contratación estatal.
El señalamiento se produjo durante la visita presidencial a San Andrés del 17 y 18 de octubre, en medio de la discusión por la intervención del Hospital Departamental y las diferencias entre el mandatario, la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante liberal Elizabeth Jay-Pang Díaz, esposa del empresario.
Durante el enfrentamiento, De la Espriella afirmó que el esposo de la congresista estaría detrás de la contratación de la Gobernación y advirtió que revisaría el manejo de los recursos públicos del territorio. Posteriormente, el Gobierno anunció acciones para coordinar con los organismos de control la revisión de posibles irregularidades.
Las declaraciones pusieron el foco sobre una figura empresarial cuya actividad económica está relacionada con materiales de construcción, concreto, agregados y obras de infraestructura, sectores que tienen participación en la contratación pública de las islas.
Los contratos que aparecen en los registros públicos
Una investigación publicada por SEMANA el 19 de octubre de 2026 identificó cuatro contrataciones relacionadas con Vonblon Pomare entre 2018 y 2024, por un monto acumulado de $1.709 millones.
Entre las operaciones mencionadas figura un proceso relacionado con la compra de un predio para un proyecto de alcantarillado pluvial en San Andrés. Según el medio, el inmueble estaba ubicado en el edificio Coral Palace y la operación se vinculaba con una contratación cuyo valor total era de $7.000 millones.
El reporte señala que la Secretaría de Infraestructura desembolsó aproximadamente $1.700 millones, equivalentes al 24,29 % del valor contractual, en relación con esa adquisición. La naturaleza del negocio, sus condiciones y la destinación del inmueble son aspectos relevantes para comprender el alcance de la contratación.
Estos datos permiten identificar operaciones que pueden ser examinadas desde la perspectiva de la transparencia contractual. Sin embargo, la existencia de contratos con entidades estatales no demuestra, por sí misma, que se hayan cometido irregularidades ni que el empresario haya intervenido indebidamente en decisiones administrativas.
Para establecer si hubo alguna conducta ilegal, sería necesario conocer los expedientes completos, las condiciones de los procesos, los estudios previos, los pagos efectuados y los resultados de las verificaciones de los organismos competentes.
Las empresas vinculadas a su actividad económica
La actividad empresarial de Vonblon Pomare incluye sociedades relacionadas con la construcción y el suministro de materiales.
Entre las compañías mencionadas en documentos públicos y reportes periodísticos se encuentran Josef Concrets Ltda. y Agregados NVP S. A. S., vinculadas al concreto y a la comercialización de materias primas para obras. También se ha mencionado Efficient Buildings S. A. S. en los perfiles sobre sus negocios.
Su participación en este sector lo sitúa en una actividad económica relevante para el archipiélago, donde las obras de infraestructura, el mantenimiento vial y los sistemas de drenaje requieren proveedores especializados.
El punto de discusión no es únicamente qué empresas posee o administra, sino si los contratos celebrados con entidades públicas se ejecutaron conforme a la ley y si existieron relaciones que deban ser examinadas por posibles conflictos de interés.
En ese sentido, las declaraciones del presidente han elevado la atención pública sobre sus negocios, pero los señalamientos deberán contrastarse con información contractual y actuaciones oficiales antes de establecer responsabilidades.
Su relación con Elizabeth Jay-Pang y la política insular
Vonblon Pomare también ha sido mencionado en análisis sobre las relaciones entre los grupos políticos y empresariales de San Andrés.
En 2019, La Silla Vacía publicó un perfil sobre Elizabeth Jay-Pang en el que describió la participación política del empresario y lo identificó como financiador de la campaña de su esposa. El artículo abordó, además, las relaciones entre distintas corrientes políticas del archipiélago y el ascenso electoral de la congresista.
La relación matrimonial entre ambos también fue examinada por el Consejo de Estado en un proceso de pérdida de investidura relacionado con la representante. En la documentación judicial se registró que Jay-Pang había declarado los intereses privados correspondientes a las actividades económicas de su familia, incluidas las empresas de su esposo.
Este antecedente resulta pertinente para entender por qué los negocios familiares han aparecido en discusiones sobre posibles conflictos de interés. No obstante, debe diferenciarse el análisis jurídico de los intereses privados de una congresista de cualquier acusación sobre un contrato específico.
La respuesta de la congresista
Tras los señalamientos presidenciales, Elizabeth Jay-Pang rechazó que su esposo controle la contratación pública de San Andrés.
En entrevista con Blu Radio, la representante sostuvo que las empresas familiares no tienen contratos con la Gobernación ni con Coralina, la autoridad ambiental del archipiélago. Explicó que el negocio de su esposo funciona como una ferretería que comercializa bienes y presta servicios a quienes los solicitan, incluidos contratistas que pueden comprar materiales o alquilar maquinaria. <Cite refs={[“turn388651search3”]}/>
La congresista también cuestionó las afirmaciones del presidente y pidió que cualquier denuncia se acompañe de pruebas y sea puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
Su versión introduce un punto que deberá ser contrastado con los registros públicos: la diferencia entre que una empresa venda materiales a un contratista que ejecuta una obra y que esa misma empresa tenga un contrato directo con una entidad estatal. Son relaciones comerciales distintas y requieren verificaciones específicas.
¿Qué puede pasar ahora?
El anuncio de revisar la contratación pública en el archipiélago podría llevar a que las autoridades examinen contratos, sociedades, pagos y procesos relacionados con diferentes actores económicos de la isla.
El 19 de octubre, SEMANA informó sobre la solicitud del Gobierno de articular actuaciones con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar posibles redes de corrupción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. <Cite refs={[“turn388651news16”]}/>
En ese contexto, los negocios de Vonblon Pomare podrían quedar bajo mayor escrutinio, especialmente aquellos que aparezcan relacionados con recursos públicos. No obstante, una revisión administrativa o contractual no equivale a una imputación penal, y los anuncios del Ejecutivo tampoco constituyen una declaración de responsabilidad.
El desarrollo del caso dependerá de los documentos que examinen las autoridades, de los hallazgos que puedan acreditar y de las explicaciones que entreguen las personas o empresas involucradas.
Por ahora, la controversia ha puesto en primer plano a un empresario con actividad en el sector de la construcción y vínculos familiares con una congresista de la República. La pregunta que deberá resolver cualquier investigación es concreta: si los contratos relacionados con sus negocios se celebraron y ejecutaron conforme a la ley, y si existen pruebas de alguna irregularidad que comprometa responsabilidades individuales.
