La Contraloría General de la República anunció ayer, miércoles 3 de enero, la apertura de proceso de responsabilidad fiscal por posibles irregularidades en la administración de bienes que maneja el Fondo para la Reparación a las Víctimas.
Lo anterior obedece a una denuncia presentada por la Unidad para las Víctimas el 28 de octubre de 2022, mediante oficio en el que solicitó la intervención y actuación especial de fiscalización del ente de control para investigar el manejo de los bienes del Fondo.
En su denuncia, la entidad informó presuntas irregularidades relacionadas con el pago de cánones de arrendamiento, ocupaciones sin el lleno de requisitos, deterioro o falta de mantenimiento de los bienes, entre otras situaciones que afectan los recursos de las víctimas.
La Contraloría dio respuesta a esta solicitud el 17 de noviembre de 2022, informando que los hechos se declaraban de impacto nacional y que serían investigados por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
En un comunicado de prensa, la Unidad para las Víctimas señala que ratifica su compromiso por las víctimas y por la correcta administración de los bienes del Fondo. Destaca este hecho como el resultado de una de las primeras acciones de esta administración y del Gobierno del Cambio en su lucha contra la corrupción y el impulso por la transparencia en la gestión pública.
“En la Unidad para las Víctimas se cambia para servir con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos”, señala la mencionada dependencia.
