La Asociación de Educadores del Atlántico -ADEA- volvió a advertir de manera categórica a las Secretarias de Educación del Atlántico, Barranquilla y los municipios certificados de Soledad y Malambo que no puede seguir dilatando y mucho menos pretermitir su responsabilidad de elaborar, publicar y remitir al Ministerio de Educación Nacional los listados de los docentes provisionales desvinculados a los que les asiste el derecho de reubicación laboral por encontrarse dentro de las condiciones del denominado retén social.
Alberto Ortiz Saldarriaga, presidente de ADEA, denunció que luego de cartas enviadas a los 4 entes territoriales planteándole esa exigencia y luego de reuniones efectuadas en la semana inmediatamente anterior con las Secretarías de Educación del Departamento y el Distrito, todos los entes territoriales de esta sección del país están en mora de hacer públicos los listados donde se establece beneficiarios de algún nivel de estabilidad laboral.
ADEA recordó que el deber de elaborar, publicar y remitir o radicar esos listados en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio de Educación se derivan de la expedición de las Circulares 024, 039 y 040 de 2023 con fecha o límite máximo 15 de enero y que en función del derecho constitucional y fundamental al debido proceso, contra la exclusión de los referidos listados debía existir para los docentes que considerasen que si les asistía el derecho la posibilidad de controvertir lo decidido e interponer recursos legales.
Para la ADEA lo grave del asunto es que si las Secretarías de Educación no envían los listados de protección constitucional de estabilidad laboral reforzada, se entenderá equivocadamente que el ente territorial no tiene educadores desvinculados con ocasión del concurso que presenten esta condición lo que permitiría, excluyéndolos, la apertura desde marzo del Sistema Maestro para la provisión de vacantes docentes definitivas de forma provisional con personal probablemente diferente al recientemente desvinculado.
Tal conducta omisiva, a juicio del presidente de la ADEA, sería constitutiva de infracción a la normatividad disciplinaria y penal y adicionalmente afectaría y revictimizaría a los docentes provisionales desvinculados y con derecho a ser reenganchados laboralmente, sin mencionar que posibilitaría a muchos de estos emprender jurídicamente procesos de demanda contra el estado y procesos de repetición contra quienes omitieron sus deberes como funcionarios públicos.
