La Procuradora Margarita Cabello Blanco se sumó a la voz de apoyo al proyecto de reforma a la justicia que actualmente cursa en el Congreso de la República.
En el foro en Barranquilla, “Reforma a la Justicia, ¿Cuál es su importancia para los colombianos?” resaltó que esta iniciativa tiene el potencial no solo de transformar el sistema de justicia penal, sino también de fortalecer los pilares del Estado de Derecho y garantizar un acceso a la justicia más equitativo y efectivo para los colombianos.
Para la jefe del Ministerio Público, el desafío ahora está en “traducir estas promesas en realidades tangibles, en un sistema que sirva como ejemplo de eficiencia, respeto por los derechos y compromiso con la justicia”.
Cabello Blanco agregó que el país debe de ser consciente de los retos que implica su implementación. “Un control riguroso será indispensable para garantizar que los mecanismos de justicia premial y la reparación integral cumplan su propósito sin desvirtuar los principios que lo sustentan”.
Según la Procuradora este es el camino para “evitar desviaciones o abusos que puedan socavar el impacto transformador que este proyecto pretende alcanzar”.
En su intervención, agregó que este proyecto de ley que nació de la Rama Judicial, es un paso decidido hacia la modernización del sistema de justicia penal en Colombia.
“Con su enfoque en la descongestión judicial y penitenciaria, a través del fortalecimiento de herramientas como la justicia premial, los preacuerdos y la reparación integral, esta iniciativa no solo agiliza la administración de justicia, sino que reafirma el compromiso con los derechos de las víctimas”, aseveró.
La Procuradora se mostró positiva, ya que esta iniciativa permitirá “acceder a una reparación pronta y efectiva, lo que contribuye a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales”.
Añadió que desde la Procuraduría se valora el propósito planteado de restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, impulsar la emisión oportuna de decisiones judiciales y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a una reparación integral, pues se alinea con los principios de una política criminal racional, proporcional y necesaria.
Finalmente, concluyó que desde el ente de control se ha asumido un rol activo y propositivo, promoviendo la construcción de un sistema penal más justo, eficiente y respetuoso de los derechos fundamentales. “En los últimos cuatro años, participamos en más de 100 sesiones del Comité Técnico de Política Criminal”.
