• La audiencia, inicialmente programada para el 27 de marzo, fue reprogramada con el fin de garantizar la participación efectiva de las entidades e instituciones competentes. El objetivo es abordar la grave situación de riesgo que enfrentan los comparecientes forzosos ante la JEP y definir soluciones concretas en materia de garantías de seguridad.
• Con esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) busca evaluar y fortalecer las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de los comparecientes. La audiencia reunirá a las entidades responsables de garantizar su seguridad, con el propósito de coordinar acciones y ofrecer una respuesta efectiva frente a esta problemática.
• Ante la persistente situación de riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo Final de Paz, la sección ha decretado medidas de protección dirigidas a garantizar su vida e integridad física, especialmente para quienes se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil.
• En lo que va de 2025, 15 firmantes del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados, una cifra alarmante que representa la mitad de los casos registrados en todo 2024. Desde la firma del acuerdo, el número de homicidios asciende a 456.
• Proteger la vida e integridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz, en 2016, es imperativo para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla en el conflicto armado.
Bogotá, marzo 23 de 2025. Ante la crítica situación de seguridad que enfrentan los comparecientes forzosos ante la JEP, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad convocó una audiencia pública el 10 de abril, con la participación de entidades e instituciones responsables de garantizar su protección. Este espacio, reprogramado para asegurar la presencia y el compromiso de los organismos competentes, tiene como objetivo coordinar acciones urgentes y efectivas para salvaguardar su vida e integridad.
temor, el derecho a una vida libre de miseria y el derecho a una vida digna”.
El 2025 ha sido un año particularmente violento para los excombatientes. En menos de tres meses, 15 firmantes han sido asesinados, lo que equivale a la mitad del total registrado en todo 2024. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, se han contabilizado
456 homicidios. A esta alarmante cifra se suman los desplazamientos colectivos e individuales que siguen afectando a esta población, evidenciando un deterioro en las garantías de seguridad y en la oferta institucional destinada a su protección.
Ante este panorama, la magistratura convocó una audiencia con el propósito de abordar la crítica situación de riesgo que enfrentan y exigir respuestas concretas en materia de garantías de seguridad. Aunque inicialmente se citó para el 27 de marzo, la diligencia fue reprogramada para garantizar la presencia y el compromiso efectivo de las entidades e instituciones responsables, cuya intervención resulta crucial para salvaguardar la vida e integridad de quienes hoy están expuestos a graves amenazas.
A esta audiencia fueron citados la fiscal general de la nación, los ministros de Defensa y del Interior, el alto comisionado para la Paz, la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, el director de la Unidad Nacional de Protección, la directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y el director de la Agencia Nacional de Tierras. Asimismo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, junto al Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos y Amenazas, presentará una actualización del diagnóstico sobre la violencia letal que afecta a los excombatientes.
También participarán en la audiencia del 10 de abril firmantes del Acuerdo Final de Paz ubicados en los AETCR de La Montañita (Caquetá), Pondores (La Guajira) y Caño Indio (Catatumbo), junto con un delegado del Partido Comunes, representantes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación.
Garantizar la seguridad de quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz es un deber constitucional y legal de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas en proceso de reincorporación, así como de aquellas instancias creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz.
Documento que soporta la decisión:
AUTO SAR-AT-225-2025_20-mar-25
