El Ministerio Público busca recoger testimonios y recaudar pruebas sobre presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía también adelanta una indagación por los audios atribuidos a la exasesora presidencial.
El proceso que involucra a la exconsejera presidencial Eva Ferrer y a la ex primera dama Verónica Alcocer continúa avanzando en Colombia. Este martes 13 de octubre, se conoció que la Procuraduría General de la Nación citó a Ferrer y a otras cinco personas para que rindan declaración bajo la gravedad de juramento, en medio de las investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción denunciados durante el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión se produjo después de las nuevas declaraciones de Ferrer, divulgadas por la revista Semana, en las que señaló a Alcocer y a otras personas de supuestamente participar en una estructura vinculada con actividades ilícitas. La Procuraduría busca recopilar testimonios y elementos probatorios que permitan verificar o descartar las acusaciones.
Además de Eva Ferrer, el organismo de control convocó a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.
Según la información conocida, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría tendrá a su cargo la recolección y práctica de pruebas dentro de las actuaciones disciplinarias. El objetivo es establecer si los hechos denunciados podrían comprometer responsabilidades de servidores públicos.
La citación de estas seis personas no constituye una declaración de culpabilidad ni significa que todas estén investigadas por los mismos hechos. Se trata de diligencias testimoniales orientadas a esclarecer las denuncias.
Las nuevas acusaciones de Eva Ferrer
El caso tomó una nueva dimensión luego de que Ferrer, quien fue consejera presidencial para la Reconciliación y mantuvo una relación cercana con Alcocer, formulara señalamientos sobre presuntos movimientos de dinero, contratación pública y posibles actividades de narcotráfico.
Entre sus afirmaciones, la exfuncionaria mencionó supuestos viajes a Venezuela en aeronaves oficiales y aseguró que en uno de ellos se habrían transportado 2,5 millones de dólares. También hizo referencias a presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de cargos públicos y a personas del entorno de la antigua primera dama.
Estas declaraciones, que incluyen acusaciones de especial gravedad, deberán ser contrastadas con pruebas documentales y testimonios. Hasta el momento, no deben interpretarse como hechos judicialmente probados.
¿Qué ha pasado con la Fiscalía?
La Procuraduría no es la única entidad que conoce el caso. El pasado 5 de agosto, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar a partir de los audios atribuidos a Ferrer, en los que se mencionan presuntas irregularidades relacionadas con recursos y contratación pública.
En ese momento, la defensa de Verónica Alcocer solicitó información a la Fiscalía sobre las actuaciones y pidió conocer el estado de su situación jurídica. Días después, se informó que la entidad no registraba a Alcocer como indiciada o sindicada en procesos penales, según la respuesta reportada por su defensa con corte al 6 de agosto. Esto no equivale a un cierre de la indagación abierta sobre los hechos denunciados.
A las actuaciones de la Fiscalía y la Procuraduría se sumó el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó investigar posibles irregularidades relacionadas con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), después de los señalamientos sobre el supuesto uso de aeronaves oficiales. La revisión busca establecer si hubo participación de integrantes de la institución en los hechos mencionados.
¿Qué sigue en el caso?
El siguiente paso será la recepción de los testimonios y la evaluación del material probatorio que recopilen los organismos competentes. A partir de esos elementos, las autoridades deberán determinar si hay fundamentos para avanzar en actuaciones disciplinarias o penales, según corresponda.
Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa de verificación de denuncias. No se ha establecido judicialmente la responsabilidad de Verónica Alcocer en los hechos señalados por Ferrer, y las acusaciones deberán ser sometidas al debido proceso.
La atención estará puesta en las declaraciones que rindan las personas citadas y en las decisiones que adopten la Fiscalía y la Procuraduría a medida que avance la recopilación de pruebas.
