El Gobierno Nacional insiste en su intención de llevar a cabo una consulta popular para avanzar en sus reformas sociales. Esta vez, el presidente Gustavo Petro tomó las riendas del proceso y radicó personalmente ante el Senado el texto con las 16 preguntas, luego de admitir una posible irregularidad en el trámite anterior.
El pasado 19 de mayo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había presentado la solicitud mientras ejercía funciones presidenciales. Sin embargo, se generaron dudas jurídicas debido a que, según el artículo 104 de la Constitución, este tipo de iniciativas solo puede radicarlas directamente el jefe de Estado o con una autorización expresa del mismo. Esa omisión técnica fue la que llevó al Ejecutivo a corregir el procedimiento.
Tal como informó W radio En el nuevo documento, el Gobierno aclara: “El ministro de Salud y Protección Social, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, en ejercicio de sus funciones como delegatario de funciones presidenciales, y atendiendo mis expresas instrucciones, solicitó el concepto previo para la realización de una consulta popular”.
La administración también reconoció que el error previo generó “una serie de posturas de orden jurídico y político que tienden a obstaculizar y oscurecer el camino democrático que la Constitución señala para sacar adelante las reformas sociales que el pueblo reclama”.
Por ello, en esta ocasión fue el propio presidente Petro quien firmó y respaldó la solicitud, con el propósito de despejar dudas y reafirmar la intención del Gobierno de avanzar en el proceso. En el nuevo documento, expresó: “En mi calidad de Presidente de la República y en aras de dar claridad sobre la voluntad de este Gobierno de avanzar en la convocatoria de una consulta popular, por la presente me permito manifestar (…) mi deseo de obtener el concepto previo y favorable del Senado de la República para la realización de la consulta popular”.
Con esta rectificación, el Ejecutivo busca retomar el impulso político y jurídico de la consulta popular, como una herramienta de participación ciudadana en el marco de su agenda reformista. La pelota ahora está en manos del Senado, que deberá emitir su concepto sobre esta nueva solicitud.
