El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó este lunes su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la reciente decisión de la Fiscalía de Guatemala de emitir una orden de captura contra el embajador designado ante la Santa Sede, Iván Velásquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Según lo expresa el comunicado oficial de la Cancillería, esta acción carece de fundamento jurídico y constituye un atentado contra los principios esenciales de la justicia internacional. El pronunciamiento colombiano considera que la medida representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, al tiempo que vulnera derechos humanos fundamentales.
“La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”, advierte el texto. Para el Gobierno colombiano, la emisión de estas órdenes se aleja de los principios básicos que deben regir las relaciones entre Estados soberanos.
El pronunciamiento también hace énfasis en la instrumentalización de mecanismos judiciales con fines políticos o personales, alertando que no deben convertirse en herramientas de persecución bajo apariencia de legalidad. En este sentido, Colombia reitera su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre naciones. No obstante, deja claro que estos principios no pueden ser distorsionados ni utilizados para justificar decisiones que, en su juicio, son “carentes de legitimidad”.
Frente a esta situación, la Cancillería anunció que ha activado los canales diplomáticos correspondientes para presentar formalmente su rechazo ante las autoridades guatemaltecas. Este paso forma parte de una respuesta institucional orientada a salvaguardar la integridad de los funcionarios implicados y a preservar la legalidad en las relaciones internacionales.
El Gobierno colombiano confía en que la comunidad internacional reconocerá esta actuación como parte de una preocupante tendencia a la instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, lo cual va en contravía del espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones diplomáticas.
Cabe recordar que Iván Velásquez fue ministro de Defensa del gobierno del presidente Gustavo Petro y anteriormente lideró, desde Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia que desmanteló redes de corrupción de alto nivel en ese país. Su actuación al frente de la CICIG generó resistencias dentro del sistema político guatemalteco, lo que podría explicar —según expertos— el trasfondo político de esta orden judicial.
Con esta declaración oficial, el Gobierno colombiano busca blindar no solo a sus funcionarios, sino también sentar un precedente frente al uso indebido de mecanismos judiciales con motivaciones ajenas a la legalidad internacional.
Comunicado:
