Una controversia se desató en Coolechera tras la decisión de la Superintendencia de Economía Solidaria de remover del cargo al agente especial Alfonso Gómez Bautista. Según explicó en exclusiva la superintendente María José Navarro, el funcionario habría incurrido en una “extralimitación de funciones” al firmar un contrato con la empresa Green Summer Corporation, sin contar con autorización legal ni estatutaria para hacerlo. “La razón fundamental es que el agente Alfonso Gómez excedió en su competencia”, señaló Navarro.
La funcionaria explicó que desde el pasado 27 de marzo de 2025, Gómez fue designado para realizar un diagnóstico sobre la situación de la cooperativa, con un plazo inicial de dos meses. Incluso, solicitó una prórroga adicional de 45 días. No obstante, el resultado fue, según Navarro, deficiente: “Presenta el diagnóstico de manera incompleta, no lo presenta con los requisitos de nuestras circulares internas… y tampoco entrega una recomendación clara como lo exige el procedimiento”. Además, criticó que su conclusión fue informal y sin sustento técnico: “A través del cuerpo de un correo electrónico, que no es la forma correcta de presentarlo, establece que la empresa se debe liquidar a menos que se haga una alianza estratégica con una compañía llamada Green Summer Corporation”.
La molestia de la Superintendencia aumentó cuando conocieron los detalles del contrato, firmado el 27 de junio con la empresa extranjera. “Este es un contrato que se firma por alrededor de 30.000 millones de pesos”, explicó Navarro, quien recalcó que se trató de una grave infracción a los estatutos internos de la cooperativa. Según el artículo 41, el representante legal de Coolechera no puede firmar contratos que superen los 5.000 salarios mínimos sin autorización de la Asamblea General.
Pero más allá de las cifras, la polémica también gira en torno a las condiciones del contrato. De acuerdo con Navarro, el acuerdo establece que “el 70% de las utilidades por 20 años van a ir a esta empresa, Green Summer Corporation”, lo cual representa un riesgo para la sostenibilidad del modelo cooperativo. La superintendente advirtió que este tipo de alianzas va en contra del marco legal del sector solidario: “La Ley 79 del Cooperativismo establece que ninguna cooperativa tiene permitido hacer sociedades con personas mercantiles que desvirtúen su objeto social”.
“No puede violar ni estar por encima de los estatutos de la cooperativa”, concluyó Navarro, dejando claro que, para su despacho, las decisiones adoptadas por Gómez constituyen una amenaza a la gobernanza y sostenibilidad de Coolechera.
