El Tribunal Superior de Bogotá ratificó este martes la decisión de primera instancia que impuso siete años de privación de la libertad al joven de 15 años responsable del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El fallo confirma que el menor deberá cumplir la sanción en un centro especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La decisión se da luego de que la defensa de la familia Uribe Turbay apelara el fallo emitido el pasado 27 de agosto por un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, buscando una pena más severa frente a la gravedad del crimen ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
De acuerdo con las investigaciones, el menor —cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales— disparó contra el dirigente del Centro Democrático durante un intento de hurto, provocándole heridas de gravedad que finalmente le causaron la muerte el 11 de agosto, dos meses después del ataque.
El joven fue imputado inicialmente por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, cargos que aceptó ante un juez especializado en infancia y adolescencia. Sin embargo, tras el fallecimiento de Uribe Turbay, la Fiscalía solicitó modificar la acusación a homicidio agravado, petición que fue rechazada.
Según explicó el ente acusador, la legislación que rige los procesos para menores de edad impide reformular los cargos una vez estos han sido aceptados por el procesado, lo que limitó la posibilidad de imponer una sanción distinta.
Con base en esa restricción legal, tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Superior confirmaron que el joven cumplirá una sanción máxima de siete años de internamiento en un centro especializado, como lo contempla el Código de Infancia y Adolescencia.
El caso, que conmocionó al país, ha reavivado el debate sobre los alcances del sistema penal juvenil en Colombia y la pertinencia de revisar las sanciones establecidas para adolescentes involucrados en delitos de alto impacto.
