Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, diversas organizaciones sociales del Atlántico emitieron un llamado urgente a las autoridades ante el crecimiento de agresiones contra niñas, mujeres y familias en el departamento. El pronunciamiento, hecho público como un manifiesto, advierte sobre una “alerta permanente” debido a la ausencia de respuestas oportunas, efectivas y reparadoras frente a los casos de violencia de género.
El movimiento destacó que esta fecha es también un acto de memoria y homenaje a quienes han sido víctimas, así como a las mujeres que, con rebeldía y resistencia histórica, abrieron caminos de libertad. Las organizaciones señalaron que honran ese legado continuando la defensa de los derechos conquistados y exigiendo transformaciones que impidan que la violencia se normalice en el territorio.
Exigencias territoriales y denuncias de abandono estatal
El documento enfatiza la necesidad de que las mujeres —en especial las campesinas del Atlántico— puedan permanecer en sus territorios sin miedo, libres de desplazamientos, violencia armada y afectaciones derivadas del cambio climático. También se advierte sobre carencias persistentes en servicios públicos y sociales básicos, situaciones que, según las organizaciones, vulneran la dignidad y aumentan la desigualdad.
El manifiesto denuncia la continuidad de la violencia armada contra mujeres y reclama que la paz y la garantía de derechos sean una realidad palpable en el Atlántico. Asimismo, señala que las organizaciones de mujeres siguen siendo invisibilizadas e instrumentalizadas por instituciones municipales y departamentales, a pesar de su rol en la prevención y atención de violencias.
Tres casos emblemáticos que evidencian impunidad
Durante este 25N, el movimiento visibilizó tres casos que, según recalca, representan la falta de justicia en el departamento:
- El feminicidio de Madeley, ocurrido en una universidad pública durante el paro nacional, que continúa sin resolución judicial.
- El caso de Milena, sobreviviente de tentativa de feminicidio tras ser atacada dentro de una Comisaría de Familia, aún sin recibir reparación.
- El feminicidio de Amalfi en Sabanalarga, cuyo agresor recuperó la libertad por vencimiento de términos.
Las organizaciones señalaron que estos hechos reflejan un sistema que no protege ni garantiza justicia, y recalcaron la urgencia de fortalecer las rutas institucionales y la protección a las víctimas.
Denuncia de múltiples formas de violencia
El movimiento también hizo énfasis en que la violencia contra las mujeres no se limita a agresiones físicas. Según su declaración, persisten violencias psicológicas, económicas, políticas, simbólicas e institucionales, que se manifiestan cuando una denuncia es ignorada, cuando se minimizan riesgos o cuando una víctima es revictimizada. Además, alertaron sobre vulneraciones dentro de entornos militares, policiales y de guerra, donde —afirman— continúan registrándose hechos con total impunidad.
Demandas y llamado a la acción colectiva
Las organizaciones exigieron justicia oportuna, reparación integral y un funcionamiento institucional libre de discriminación e indiferencia. También pidieron la reglamentación urgente de la Ley 2364 de 2024, que reconoce la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas.
Desde un enfoque comunitario, transfeminista y antirracista, hicieron un llamado a la unidad entre mujeres negras, indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas, migrantes, jóvenes, mayores y mujeres trans, destacando que la defensa del cuerpo y del territorio es una lucha colectiva.
El manifiesto concluye con un compromiso firme de continuar trabajando hasta que la justicia sea la regla y no la excepción, reiterando su mensaje: “Ni una más, ni una menos. ¡Vivas nos queremos!”
