La Fiscalía General de la Nación solicitó este martes que Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sea enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por presunta participación en un entramado de corrupción contractual.
La petición fue presentada por la fiscal Lucy Laborde ante un juzgado de Barranquilla, donde la funcionaria expuso los argumentos que, según el ente acusador, justifican una medida de aseguramiento intramural. Petro enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Contratos irregulares desde 2021
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía sostiene que desde 2021 Nicolás Petro habría intervenido en la contratación irregular entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico, durante la administración de Elsa Noguera. El objetivo del contrato era brindar atención a adultos mayores en el departamento.
Según el ente acusador, Petro habría actuado junto a su entonces pareja sentimental, Day Vásquez, y con el apoyo del exsecretario general del Atlántico Raúl Lacouture, así como de Pedro Name y Gustavo de la Ossa, representante legal de Fucoso.
La Fiscalía sostiene que desde agosto de ese año Petro y Vásquez empezaron a mover influencias para direccionar el contrato hacia Fucoso, aprovechando la cercanía con funcionarios del departamento y actuando como intermediarios.
Cadena de influencias y doble beneficio
En audiencias previas, la fiscal Laborde explicó que el entramado habría funcionado a través de gestiones realizadas por Vásquez, quien sería la encargada de concretar contactos, requisitos y acuerdos entre la entidad pública y la fundación, siguiendo instrucciones de Petro.
El ente investigador también señaló que en este presunto acuerdo había un “interés de doble vía” entre Nicolás Petro y la entonces gobernadora Elsa Noguera, lo que habría permitido beneficios para los distintos involucrados dentro de una estructura ilícita en cadena.
La audiencia continuará en los próximos días, cuando el juez decida si acoge la petición de la Fiscalía y envía al exdiputado a un centro penitenciario mientras avanza el proceso.
