Este 7 de junio se cumple un año del atentado que conmocionó a Colombia y que cambió el rumbo de la campaña presidencial de 2026. Lo que comenzó como un ataque armado durante un acto político en el occidente de Bogotá terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más complejos y mediáticos de los últimos años.
Aunque las autoridades lograron identificar y judicializar buena parte de la estructura que participó en la planeación y ejecución del crimen, la investigación continúa abierta y todavía busca establecer toda la dimensión de la organización criminal detrás del atentado.
El atentado que paralizó al país
La tarde del 7 de junio de 2025, Miguel Uribe realizaba una actividad política en el sector de Modelia, en Bogotá, cuando fue atacado por un sicario que le disparó en repetidas ocasiones. El atacante resultó ser un menor de edad, quien fue capturado poco después de los hechos.
Desde los primeros días de la investigación, la Fiscalía y la Policía descartaron que se tratara de una acción improvisada. El análisis de cámaras, interceptaciones, testimonios y evidencias digitales permitió establecer que detrás del ataque existía una organización que había planeado cuidadosamente cada movimiento.
Más de mil videos y decenas de testimonios
Uno de los elementos más importantes del proceso investigativo fue la revisión de más de mil registros de cámaras de seguridad. Con ese material, los investigadores reconstruyeron los movimientos del atacante, identificaron seguimientos previos y comenzaron a establecer quiénes participaron en las distintas fases del plan criminal.
También fueron realizadas decenas de entrevistas y allanamientos. Entre las evidencias analizadas estuvieron teléfonos celulares, conversaciones, fotografías, documentos y otros elementos que permitieron conectar a los distintos involucrados.
Las capturas y la estructura criminal
A lo largo de los meses posteriores al atentado, las autoridades capturaron a varios presuntos integrantes de la organización.
Las investigaciones permitieron establecer que existían personas encargadas de la vigilancia previa, otras responsables de la logística, algunas vinculadas a la consecución de armas y transporte, y otras que habrían coordinado la operación criminal.
Uno de los nombres más relevantes dentro del expediente es el de Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de “El Costeño”, señalado por la Fiscalía como uno de los principales articuladores del atentado. Según el ente investigador, habría coordinado el plan criminal y distribuido las funciones de los distintos participantes antes, durante y después del ataque.
Las autoridades también identificaron a otros presuntos colaboradores encargados de tareas de reconocimiento, apoyo logístico y seguimiento de la víctima. Diversos procesos judiciales avanzaron durante 2025 y 2026 con imputaciones por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para la comisión de delitos y tráfico de armas.
Los acuerdos con la Fiscalía
Uno de los giros más importantes de la investigación ocurrió cuando varios de los capturados comenzaron a colaborar con la justicia.
De acuerdo con información conocida durante el proceso, varios implicados iniciaron acercamientos y negociaciones con la Fiscalía para aportar información sobre la estructura criminal y las personas que habrían ordenado el atentado. Entre ellos figuran algunos de los señalados participantes en la logística y coordinación de la operación.
Estos testimonios han sido fundamentales para ampliar las líneas investigativas y avanzar en la identificación de los niveles superiores de la organización.
El gran interrogante: ¿quién dio la orden?
Si bien las autoridades han logrado avances considerables sobre los autores materiales y los coordinadores operativos, la principal pregunta que continúa marcando el caso es quién ordenó el atentado.
Durante el último año han surgido distintas hipótesis y líneas de investigación. Algunas versiones apuntan a posibles estructuras criminales con capacidad para contratar sicarios y organizar operaciones complejas. Sin embargo, las autoridades han sido prudentes y han insistido en que la determinación definitiva de los autores intelectuales requiere pruebas judiciales sólidas.
Informaciones conocidas durante 2026 mencionan que la investigación ha explorado posibles nexos con estructuras armadas ilegales y que algunos nombres han aparecido dentro de las hipótesis manejadas por los investigadores. No obstante, varios de esos elementos continúan bajo verificación y forman parte de procesos judiciales en curso.
La muerte de Miguel Uribe y el impacto político
Tras permanecer hospitalizado durante más de dos meses, Miguel Uribe falleció el 11 de agosto de 2025 debido a las graves heridas sufridas durante el atentado. Su muerte generó una profunda conmoción nacional y reabrió el debate sobre la violencia política en Colombia.
El magnicidio alteró el panorama electoral, provocó cambios en los esquemas de seguridad de dirigentes políticos y motivó llamados de distintos sectores para fortalecer las garantías democráticas en medio de la campaña presidencial.
Un año después
Al cumplirse un año del atentado, la investigación exhibe avances que permitieron identificar buena parte de la estructura operativa responsable del crimen, judicializar a varios de sus integrantes y reconstruir la manera en que fue ejecutado el ataque. Sin embargo, el caso sigue abierto y la Fiscalía mantiene como prioridad establecer toda la cadena de responsabilidades, especialmente en lo relacionado con quienes habrían concebido y ordenado el asesinato.
Por ahora, el expediente ha logrado responder buena parte del “cómo” ocurrió el atentado. El desafío pendiente para la justicia colombiana sigue siendo esclarecer completamente el “quiénes” y el “por qué” detrás de uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia reciente del país.
