En la Universidad del Atlántico ya no se disputa únicamente una rectoría. Se disputa el control de una de las instituciones públicas más importantes del Caribe. Y cuando una universidad genera más titulares por sus disputas judiciales que por sus logros académicos, vale la pena preguntarse si el problema ya no es quién quiere dirigirla, sino por qué todos quieren hacerlo.
Si la Universidad del Atlántico administrara un presupuesto de veinte mil millones de pesos al año, probablemente nadie estaría librando una guerra política por su Rectoría. Pero no es así. La institución administra un presupuesto que supera los quinientos mil millones de pesos anuales. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿la disputa realmente es por la educación o por el control de una de las mayores cajas presupuestales del Caribe?
Mientras un sector defiende la autonomía universitaria y otro justifica la intervención del Estado para proteger la institucionalidad, ambos parecen coincidir en algo: ninguno está dispuesto a ceder el control. Cambian los argumentos, cambian los protagonistas, pero la intensidad de la pelea permanece intacta.
La discusión tampoco puede reducirse a buenos y malos. Quienes hoy defienden el regreso de Leyton Barrios parecen olvidar que su elección estuvo rodeada de serios cuestionamientos sobre las certificaciones con las que acreditó los requisitos para aspirar a la Rectoría, al punto de originar denuncias penales, investigaciones y la intervención del Ministerio de Educación. Esos procesos existen y hacen parte del contexto del caso, aunque su responsabilidad no haya sido definida por la justicia.
Pero tampoco sería responsable ignorar los cuestionamientos que hoy recaen sobre el otro lado de la disputa. En los últimos días han surgido denuncias públicas sobre una presunta aceleración en la contratación durante la administración del rector encargado, Rafael Castillo Pacheco. Si dichas actuaciones obedecen al funcionamiento normal de la Universidad o ameritan investigaciones será algo que deberán establecer las autoridades competentes. Lo preocupante es que la desconfianza ya no recae sobre un solo sector, sino sobre quienes han protagonizado este conflicto.
Y ahí nace la verdadera preocupación. Porque cuando una universidad deja de ser noticia por la calidad de su educación y pasa a ocupar titulares únicamente por demandas, tutelas y disputas políticas, la pregunta ya no es quién tiene la razón.
La verdadera pregunta es mucho más simple:
¿Quién está pensando realmente en la Universidad del Atlántico?
Porque si algo demuestra este conflicto es que la Rectoría se ha convertido en uno de los cargos más disputados del departamento. Desde allí se administran cientos de miles de millones de pesos, se ejecutan contratos y se toman decisiones que impactan a miles de estudiantes, docentes y trabajadores.
Resulta difícil creer que una disputa de semejante magnitud responda únicamente a un interés por la educación.
Con la llegada del nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se abre un nuevo capítulo. No porque el Presidente pueda decidir quién será rector, sino porque el Gobierno Nacional tendrá la oportunidad de demostrar si llega para contribuir a la estabilidad institucional o para alimentar una nueva etapa del conflicto.
El nuevo Gobierno no necesita escoger entre Leyton Barrios y Rafael Castillo. Necesita garantizar que prevalezcan la legalidad, la transparencia y el respeto por la autonomía universitaria dentro de los límites que establece la ley.
La Universidad del Atlántico no necesita que gane un sector político.
Necesita que gane la Universidad.
Porque cuando la Rectoría se convierte en el premio y la academia en el pretexto, el verdadero derrotado siempre será el estudiante.
Javier Gutiérrez Pérez
