El presidente aseguró que el Corredor Universitario y Villa Campestre fueron incluidos en la propuesta técnica del IGAC como territorio de Barranquilla y cuestionó el supuesto cabildeo de los Torres para incidir en la decisión que ahora deberá tomar el Congreso.
Por: Redacción ExtraNoticias
El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este lunes sobre la disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia y lanzó una advertencia frente al trámite que deberá surtirse en el Congreso de la República. El mandatario pidió que el proceso de delimitación se mantenga al margen de intereses particulares y cuestionó el presunto cabildeo que, según dijo, estarían realizando los Torres para influir en la decisión.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado afirmó que el Corredor Universitario y Villa Campestre fueron nuevamente ratificados como parte del territorio de Barranquilla. En ese sentido, pidió estar atentos a que las gestiones políticas de los Torres “no vayan a permear la independencia del Congreso”, al considerar que el proceso de delimitación ya cuenta con antecedentes judiciales y un estudio técnico elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
De la Espriella sostuvo además que los intereses privados y los sectores que acompañaron al anterior Gobierno no deberían imponerse sobre las decisiones institucionales. Según su posición, el proceso debe resolverse con base en la Constitución, la ley y los elementos técnicos que han sido recopilados durante el procedimiento de deslinde.
El Presidente recordó que, después de decisiones adoptadas por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el IGAC adelantó el trabajo técnico para establecer una nueva línea limítrofe. La entidad tuvo en cuenta, entre otros elementos, antecedentes históricos, información cartográfica, aspectos geográficos, demográficos, sociales y administrativos para formular su propuesta.
Ahora el expediente se encuentra en manos del Congreso, donde las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara deberán estudiar la propuesta antes de que se adopte una determinación definitiva. Por ello, el mandatario insistió en que corresponde al Legislativo analizar el material disponible y tomar una decisión independiente.
“Ahora le corresponde al Congreso de la República pronunciarse”, señaló De la Espriella.
El origen de la disputa
El diferendo entre Barranquilla y Puerto Colombia no es reciente. La controversia se ha concentrado especialmente en unas 1.400 hectáreas en las que se encuentran sectores como el Corredor Universitario, Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, además de universidades, colegios, clínicas, centros comerciales y otros desarrollos urbanos. El IGAC presentó en agosto una propuesta de nueva línea divisoria construida a partir de puntos cartográficos y coordenadas.
La propuesta técnica del IGAC contempla que aproximadamente 1.036 hectáreas de la zona en disputa queden incorporadas a Barranquilla. Entre los sectores que, de acuerdo con esa delimitación, quedarían dentro del Distrito están Villa Campestre, parte del Corredor Universitario, instituciones como las universidades del Norte, del Atlántico, Libre y Sergio Arboleda, además de otros equipamientos educativos y comerciales.
La posición de Barranquilla se fortaleció, según la administración distrital, después de dos decisiones del Consejo de Estado que dejaron sin efecto ordenanzas de 1999 y 2010 relacionadas con la delimitación territorial. El Distrito sostiene que, al quedar anuladas esas normas, recuperan vigencia disposiciones anteriores que respaldan su interpretación histórica sobre los límites.
Puerto Colombia, sin embargo, mantiene una posición contraria. Su alcalde, Plinio Cedeño, ha rechazado la afirmación de que estos territorios ya hayan regresado jurídicamente a Barranquilla y ha defendido la autonomía del municipio sobre sectores como Villa Campestre. La discusión ha escalado en los últimos días con pronunciamientos públicos de ambos mandatarios y acciones simbólicas en el territorio.
El componente económico también explica buena parte de la importancia del litigio. En las zonas objeto de discusión se concentran universidades, centros comerciales, viviendas y diferentes actividades productivas que generan ingresos tributarios. Según antecedentes, para Puerto Colombia perder el Corredor Universitario podría representar una reducción cercana al 55 % de sus ingresos, con consecuencias incluso sobre su categorización administrativa.
Mientras el Congreso analiza el expediente, la disputa continúa generando posiciones encontradas entre autoridades y habitantes. Incluso se ha planteado la realización de una consulta ciudadana en Villa Campestre como insumo para la discusión legislativa, aunque este mecanismo no tendría carácter vinculante sobre la decisión final.
