El patrimonio de una comunidad representa el esfuerzo acumulado de toda una vida, el refugio seguro donde las familias construyen su tranquilidad diaria y el espacio donde la convivencia debe erigirse sobre pilares de respeto e integridad. Sin embargo, en el ámbito de la propiedad horizontal, esta confianza colectiva se ve constantemente amenazada por personas inescrupulosas que se presentan como expertos calificados sin poseer la formación ni el respaldo legal requerido. Mientras que la moral reúne las costumbres y pautas de conducta aprendidas dentro de un entorno social, la ética exige una reflexión crítica y responsable para evaluar si nuestras decisiones son verdaderamente justas y respetuosas de la dignidad humana. Desafortunadamente, la falta de escrúpulos de ciertos falsos profesionales transforma lo que debería ser una solución técnica o administrativa en una pesadilla prolongada para los copropietarios, quienes entregan sus recursos y la estabilidad de sus hogares a manos de la improvisación, la codicia y el engaño.
Estos impostores suelen irrumpir en los conjuntos residenciales y edificios luciendo un discurso elocuente y cautivador, ofreciendo presupuestos insólitamente bajos y prometiendo resultados milagrosos en la administración, el mantenimiento de infraestructura, la contabilidad o la asesoría jurídica. Pero tras esa vistosa fachada de solvencia se oculta la más absoluta incompetencia. Sus intervenciones superficiales dejan secuelas devastadoras: obras mal ejecutadas que comprometen la estructura física de las edificaciones, descalabros financieros por un manejo tributario irresponsable de los fondos comunes, y enredos jurídicos que hunden a la comunidad en litigios costosos e interminables. En la gestión de la seguridad y el trabajo, se entiende que el peligro está presente en el entorno, pero el riesgo de sufrir un daño grave es el resultado directo de no adoptar las medidas de prevención e identificación necesarias. Al omitir los controles previos, las copropiedades terminan sumidas en un caos infinitamente mayor al que pretendían resolver cuando estos embaucadores cruzaron por primera vez la portería.
No se trata únicamente de un incumplimiento técnico, sino de una grave vulneración ética y moral que carcome el tejido social de la comunidad. Una práctica o una costumbre no se convierte en correcta simplemente porque muchos la acepten o porque dentro de un grupo se haya vuelto habitual tolerar la falta de rigor. La verdadera ética profesional exige analizar las conductas por sus consecuencias reales, su impacto en la confianza colectiva y la responsabilidad ineludible de proteger a las personas frente a daños evitables. Cuando una administración o un consejo de administración permite el ingreso de personal no acreditado por negligencia o por ahorrar costos inmediatos, incurre en una omisión que arriesga el bienestar de todos los residentes. La responsabilidad personal y profesional aparece precisamente cuando dejamos de actuar por simple costumbre o apuro y comenzamos a asumir decisiones con conciencia, sensatez y visión de futuro.
Para detectar y frenar a tiempo estas intrusiones destructivas, es imperativo que las comunidades establezcan un principio de debida diligencia intransigente. La ley y los reglamentos demandan que los contratistas y trabajadores guarden la debida diligencia, cuiden los bienes encomendados y cumplan estrictamente con las normas vigentes. La prudencia colectiva exige no ceder jamás ante la prisa, la simpatía personal ni la apariencia exterior. Todo verdadero experto en cualquier área del saber cuenta con una trayectoria comprobable, una formación académica acreditada e idoneidad respaldada por las autoridades competentes. Antes de permitir que cualquier individuo ponga un solo pie en las zonas comunes para tomar decisiones administrativas, manejar cuentas bancarias o ejecutar obras físicas, es un requisito absoluto e infranqueable exigir la presentación de sus títulos universitarios, tarjetas profesionales y certificaciones oficiales emitidas por los organismos correspondientes.
Tal como lo establecen los estándares de gestión de calidad y auditoría más rigurosos, antes de encomendar cualquier función crítica es indispensable verificar que quien la ejecuta reúne en su conjunto la competencia, capacidad e idoneidad requeridas para realizar la labor de forma adecuada. La acreditación e idoneidad profesional no pueden ser omitidas ni transferidas bajo ningún pretexto dentro de la organización. Este proceso de validación previa no constituye un mero trámite burocrático o molesto, sino el blindaje jurídico, técnico y moral de la copropiedad. Sin el cumplimiento estricto y riguroso de este procedimiento de verificación documental, ninguna persona puede ni debe realizar labor alguna dentro del conjunto residencial ni en ninguna otra entidad comunitaria.
Exigir documentación completa y verificar minuciosamente las credenciales no es un acto de desconfianza injustificada, sino la máxima expresión de respeto, cuidado y defensa de la dignidad de nuestra comunidad. Proteger el patrimonio común significa garantizar que solo aquellos profesionales legítimos, con capacidad técnica comprobada y sólidos principios éticos, guíen los destinos de nuestra propiedad horizontal. Es hora de cerrar las puertas de nuestros hogares a la improvisación y al engaño, levantando una muralla firme de responsabilidad, transparencia e idoneidad que preserve la paz, la seguridad y el valor del esfuerzo de cada una de las familias que habitan en la copropiedad.
Jorge Enrique H El caballero de la PH
