El dirigente sindical advierte que los cambios en la dirección de la institución generan incertidumbre entre trabajadores, docentes y estudiantes, mientras se espera un pronunciamiento del Ministerio de Educación Nacional.
La Universidad Autónoma del Caribe atraviesa un nuevo capítulo de incertidumbre institucional tras la decisión judicial que dejó sin efecto el regreso de Silvia Gette Ponce a la rectoría, la reincorporación de Jorge Senior Martínez a sus funciones y la designación de Ana Bernarda Sajer Maldonado por parte del Consejo Superior para el periodo 2026-2030.
En medio de este panorama, Nelson Martelo, dirigente sindical de la institución, hizo un llamado a la prudencia y a la búsqueda de soluciones que permitan preservar la tranquilidad dentro de la comunidad universitaria, mientras se esclarece quién debe asumir legalmente la dirección de la alma mater.
La controversia se intensificó el pasado 9 de octubre, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla revocó la decisión judicial que había permitido el regreso de Gette a la rectoría en abril. La providencia ordenó restablecer la situación jurídica e institucional anterior a su retorno, lo que abrió nuevamente el camino para la reincorporación de Senior, quien había sido elegido para ejercer el cargo durante el periodo 2026-2030.
Sin embargo, ese mismo día, el Consejo Superior designó a Ana Bernarda Sajer como rectora, una determinación que ha generado interrogantes sobre su alcance jurídico y su coexistencia con las decisiones judiciales relacionadas con la rectoría. La elección fue respaldada por cinco de los siete integrantes que participaron en la sesión, según la certificación divulgada por la institución.
Incertidumbre por la dirección de la universidad
Para Martelo, la sucesión de decisiones judiciales y administrativas ha dejado a la comunidad universitaria a la espera de una definición que permita superar las dudas sobre la conducción institucional.
El dirigente sindical ha señalado que, tras la revocatoria del regreso de Silvia Gette, existía la expectativa de que Jorge Senior retomara la rectoría. No obstante, la certificación que reconoce a Ana Bernarda Sajer como nueva rectora introdujo otro elemento en una controversia que todavía requiere claridad jurídica.
En declaraciones a Emisora Atlántico, Martelo sostuvo que es necesario esperar el desarrollo de las actuaciones legales para determinar quién quedará definitivamente al frente de la institución. También ha reclamado un pronunciamiento del Ministerio de Educación Nacional frente a la situación.
La discusión, explicó el dirigente, no puede limitarse a establecer quién ocupa el despacho de la rectoría. La universidad necesita certezas sobre su gobernabilidad, una dirección con capacidad de tomar decisiones y una ruta de trabajo que permita atender los problemas acumulados durante los últimos años.
Las consecuencias para trabajadores y estudiantes
La disputa por la rectoría se produce en una institución que continúa enfrentando dificultades administrativas y financieras, así como compromisos pendientes con sus trabajadores. En ese contexto, cada cambio en la dirección puede tener consecuencias sobre la continuidad de los procesos internos, la toma de decisiones y la confianza de la comunidad académica.
Para el sector sindical, la prioridad es que las diferencias jurídicas no terminen profundizando la incertidumbre laboral ni afectando el funcionamiento cotidiano de la universidad. La situación exige claridad sobre las responsabilidades de cada instancia de gobierno y garantías para que los asuntos académicos, administrativos y laborales sigan su curso.
Martelo también ha insistido en la necesidad de que el Ministerio de Educación se pronuncie sobre el escenario actual y las medidas que deben adoptarse para avanzar en la recuperación de la institución. La universidad permanece bajo medidas preventivas y de vigilancia especial, por lo que la definición de su gobernabilidad resulta determinante para la continuidad de los planes de mejoramiento y las acciones de recuperación.
En este escenario, la discusión sobre la rectoría está vinculada a un desafío mayor: recuperar la estabilidad institucional, atender las obligaciones pendientes y generar condiciones para que docentes, trabajadores y estudiantes puedan desarrollar sus actividades con mayor certeza.
Un llamado a preservar la tranquilidad institucional
Ante la sucesión de decisiones y las posiciones encontradas sobre quién debe ejercer la rectoría, el llamado desde el sector sindical es a evitar que la controversia se traduzca en una mayor confrontación dentro del campus.
La prioridad, en este momento, es sostener la tranquilidad institucional mientras las autoridades competentes aclaran el alcance de las decisiones adoptadas. Esto implica actuar con prudencia, respetar los procedimientos jurídicos y evitar que la incertidumbre sobre la dirección termine afectando las relaciones entre los distintos estamentos universitarios.
Para la comunidad académica, el desenlace de esta disputa será determinante, pero también lo será la capacidad de la institución para concentrarse en sus necesidades más urgentes: garantizar la continuidad de sus actividades, atender los compromisos laborales y financieros y construir una ruta viable de recuperación.
Mientras se espera una respuesta del Ministerio de Educación y se esclarece el alcance de la designación de Sajer frente al regreso de Senior, la Universidad Autónoma del Caribe enfrenta el reto de preservar la estabilidad interna y evitar que la disputa por el poder administrativo desplace del centro de la discusión el futuro de la institución y de quienes dependen de ella.
