La disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia por el control del Corredor Universitario entró en una nueva etapa. Aunque el Consejo de Estado confirmó la nulidad de la ordenanza que incorporó estos terrenos al municipio porteño, la delimitación definitiva aún está pendiente y deberá ser definida por el Congreso de la República.
El próximo paso será una audiencia pública convocada para el 22 de octubre de 2026, en la que las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Congreso escucharán las inquietudes de los habitantes y los argumentos relacionados con el diferendo. La convocatoria fue anunciada por el senador Carlos Meisel, presidente de la comisión homóloga del Senado.
La controversia comprende aproximadamente 1.402 hectáreas, en una zona estratégica para el desarrollo inmobiliario, comercial, educativo y residencial del norte del Atlántico. Allí se encuentran sectores como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, además de universidades, colegios, clínicas y otros servicios.
¿Qué ha pasado con el caso?
El conflicto tiene antecedentes de varias décadas, pero uno de los puntos centrales fue la Ordenanza 000075 del 7 de diciembre de 2009, mediante la cual se establecieron límites que incorporaban el territorio en disputa a Puerto Colombia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró nula esa disposición en 2016, decisión que posteriormente fue confirmada por el Consejo de Estado en segunda instancia. En septiembre de 2026, la Alcaldía de Barranquilla informó que había verificado el pronunciamiento judicial, aunque en ese momento todavía esperaba la notificación oficial para determinar las medidas jurídicas y administrativas correspondientes.
Sin embargo, la anulación de la ordenanza no ha cerrado por sí sola la discusión sobre el trazado definitivo de la frontera entre ambos territorios. Por ello, el procedimiento de deslinde adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se convirtió en una pieza clave para resolver el diferendo.
El IGAC presentó una propuesta que favorece a Barranquilla
Uno de los avances más importantes ocurrió en agosto, cuando el IGAC entregó al Congreso un informe técnico de cerca de 432 páginas, elaborado tras varios meses de visitas de campo y recopilación de información histórica y cartográfica.
La propuesta establece una nueva línea divisoria mediante puntos cartográficos y coordenadas. De acuerdo con el análisis publicado por EL HERALDO, sectores como Villa Campestre, la Universidad Libre, la Universidad del Atlántico y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín quedarían dentro de la jurisdicción de Barranquilla. En contraste, áreas como el lago del Cisne y el sector de la estación Papiros quedarían en Puerto Colombia.
No obstante, el informe del IGAC no constituye una decisión definitiva. Su función es aportar elementos técnicos para que las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara estudien el caso y establezcan los límites correspondientes.
¿Qué falta para resolver la disputa?
El Congreso deberá examinar el informe, contrastar los argumentos de ambas administraciones y escuchar a las comunidades afectadas. En septiembre, representantes de las comisiones señalaron que el procedimiento se desarrollaría conforme a la Constitución y que se tendrían en cuenta aspectos históricos, cartográficos y tributarios.
La audiencia del 22 de octubre será un escenario para recoger las preocupaciones de los habitantes, especialmente las relacionadas con los efectos que un eventual cambio de jurisdicción podría tener sobre el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio (ICA) y la administración de los servicios públicos.
Algunos residentes también han planteado la posibilidad de una consulta ciudadana si no se logra un acuerdo en el trámite legislativo.
¿Qué impacto tendría la decisión?
La definición de los límites no solo determinará qué municipio tendrá jurisdicción sobre los terrenos en disputa. También tendrá implicaciones para la planeación urbana, la gestión tributaria, la prestación de servicios y el desarrollo inmobiliario de una de las zonas de mayor expansión del área metropolitana.
Para Puerto Colombia, el debate involucra la extensión de su territorio y las consecuencias que tendría perder jurisdicción sobre sectores residenciales y comerciales. Para Barranquilla, representa la posibilidad de formalizar una delimitación territorial que, según su posición histórica, debe incluir buena parte del corredor.
En conclusión: al 14 de octubre de 2026, el caso continúa en trámite. La justicia ya anuló la ordenanza de 2009, el IGAC presentó su propuesta técnica y el Congreso debe avanzar hacia la definición de los límites. La audiencia prevista para el 22 de octubre es el próximo hito anunciado, pero todavía no existe una delimitación definitiva derivada de este procedimiento.
