El proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella, plantea un ajuste fiscal cercano a los $50 billones para 2027. La iniciativa contempla recortes al gasto estatal, modificaciones tributarias, devolución del IVA a hogares vulnerables y nuevos incentivos para la inversión empresarial.
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva estrategia para enfrentar las dificultades fiscales del país con la radicación de la denominada Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el endeudamiento y generar condiciones para impulsar el crecimiento económico.
El proyecto, presentado el pasado 29 de octubre ante la Cámara de Representantes bajo el número 477 de 2026, contiene 105 artículos y propone un ajuste fiscal estimado en cerca de $50 billones para 2027, equivalente a aproximadamente 2,35 puntos del producto interno bruto (PIB).
La propuesta llega en un momento de presión sobre las finanzas nacionales, marcado por el crecimiento de la deuda pública y el peso que representa su servicio dentro del presupuesto. Según el Gobierno, uno de cada tres pesos que recauda actualmente el Estado se destina al pago de obligaciones financieras.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, han defendido la iniciativa como una herramienta para evitar un mayor deterioro fiscal y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado.
¿De dónde saldrían los recursos?
Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la reducción del gasto público. El Ejecutivo plantea disminuir el tamaño del Estado en un 15 %, reducir los contratos de prestación de servicios y limitar el crecimiento de las compras de bienes y servicios de las entidades públicas.
De acuerdo con las explicaciones del Gobierno, cerca del 70 % del ajuste fiscal provendría de una mayor eficiencia del gasto estatal, mientras que el porcentaje restante se obtendría mediante modificaciones tributarias y mayores contribuciones de los sectores con mayor capacidad económica.
El proyecto también contempla medidas para fortalecer el control de la evasión fiscal y el contrabando, así como la venta de activos improductivos del Estado para obtener recursos adicionales.
Cambios en el IVA y los impuestos
Uno de los puntos que mayor atención ha generado es la transformación del sistema de devolución del impuesto al valor agregado (IVA).
La propuesta contempla el programa EfectIVA, mediante el cual el Gobierno busca devolver este impuesto a cerca de 18,9 millones de colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad. El mecanismo permitiría que los hogares beneficiarios reciban una compensación económica, de acuerdo con sus condiciones de ingreso.
El proyecto también propone ampliar el cobro del IVA a las compras realizadas en plataformas internacionales de comercio electrónico, independientemente del valor de los productos.
Adicionalmente, contempla modificaciones en los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y bebidas azucaradas, así como ajustes en la tributación de las personas naturales con mayores ingresos.
¿Qué pasaría con las empresas y los pequeños negocios?
La iniciativa también incluye medidas dirigidas al sector productivo. Entre ellas se encuentra una reducción gradual de la tarifa del impuesto de renta empresarial, que pasaría del 35 % al 31 %, junto con incentivos para estimular nuevas inversiones.
Para las grandes inversiones, el Gobierno propone el Régimen Unificado de Grandes Inversiones (RUGE), que contempla tarifas preferenciales de renta para proyectos que se desarrollen durante los próximos años.
En el caso de los micronegocios y las pequeñas empresas, se plantean mecanismos para reducir su carga tributaria y facilitar su formalización, con el propósito de incentivar la generación de empleo y ampliar la actividad económica.
¿Qué significa para el bolsillo de los colombianos?
El alcance de la reforma dependerá de cómo quede finalmente aprobado su articulado. Sin embargo, entre los cambios que podrían tener efectos sobre los consumidores están la ampliación de la base del IVA, los ajustes a los impuestos al consumo y las modificaciones en los mecanismos de compensación para los hogares de menores ingresos.
Mientras algunos sectores podrían beneficiarse de las devoluciones del IVA y los incentivos empresariales, otros tendrán que asumir nuevas cargas tributarias, especialmente entre los contribuyentes de mayores ingresos y determinados sectores de consumo.
El proyecto llega al Congreso con mensaje de urgencia
El Gobierno solicitó el 3 de noviembre dar trámite de urgencia a la iniciativa, con el propósito de acelerar su discusión en el Legislativo y disponer de herramientas para enfrentar las presiones fiscales.
La solicitud busca que las comisiones económicas de Senado y Cámara puedan estudiar conjuntamente el proyecto y avanzar en su discusión.
Por ahora, la Ley de Rescate Económico no ha sido aprobada y deberá superar los debates correspondientes en el Congreso. Su contenido también podría experimentar modificaciones durante el trámite legislativo.
La discusión promete abrir un debate sobre el equilibrio entre la reducción del gasto público, la necesidad de aumentar el recaudo y los efectos que las nuevas disposiciones tributarias tendrían sobre los hogares, las empresas y la economía nacional.
