La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda aseguró que el Ejecutivo no ha presentado ni tiene previsto impulsar un proyecto para derogar la Ley 91 de 1989. El pronunciamiento se produce tras la decisión de no renovar el contrato con Fiduprevisora, que durante 36 años administró los recursos del Fondo del Magisterio.
En medio de la incertidumbre que ha generado entre los docentes el cambio en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, salió a desmentir las versiones sobre una supuesta iniciativa del Gobierno nacional para eliminar esta entidad.
La funcionaria aseguró que el Ejecutivo no ha elaborado, radicado ni tiene previsto tramitar un proyecto de ley para derogar la Ley 91 de 1989, normativa que creó el FOMAG y estableció el marco para garantizar las prestaciones sociales de los maestros.
“El Gobierno nacional no tiene la intención de derogar esa ley ni de promover iniciativas que eliminen el FOMAG o desconozcan las conquistas sociales del magisterio”, manifestó la ministra.
El pronunciamiento se produjo este martes 3 de noviembre, durante una visita de Hoyos a las instalaciones de Fiduprevisora-FOMAG Salud, en Bogotá, donde sostuvo encuentros con maestros y directivos, además de recibir quejas relacionadas con las dificultades en la prestación de los servicios médicos.
La ministra también indicó que comunicó directamente al presidente de Fecode que el Gobierno no tiene instrucciones de impulsar una modificación de la legislación que dio origen al Fondo.
¿Qué pasará con Fiduprevisora y el FOMAG?
Las declaraciones se conocen después de que el Gobierno anunciara la decisión de no prorrogar el contrato de fiducia mercantil con Fiduprevisora, entidad que durante 36 años estuvo encargada de la administración de los recursos del magisterio.
El vínculo contractual terminó el 31 de octubre y, desde el primero de noviembre, comenzó una etapa de transición que tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse por otro más.
Según el Ministerio de Educación, esta decisión no significa la desaparición del FOMAG ni la suspensión de los derechos de sus afiliados. Por el contrario, durante este periodo deberán mantenerse la atención en salud, los tratamientos médicos en curso, el acceso a medicamentos y el reconocimiento de pensiones y cesantías.
La ministra explicó que el propósito es avanzar hacia un nuevo mecanismo de contratación mediante un proceso licitatorio que permita seleccionar una fiduciaria para administrar los recursos y garantizar la prestación de los servicios.
La crisis de salud de los docentes, en el centro del debate
El cambio administrativo se produce en medio de los cuestionamientos al modelo de atención en salud del magisterio, que ha enfrentado denuncias por dificultades en la entrega de medicamentos, demoras en citas y problemas de acceso a servicios médicos.
Durante su visita a Bogotá, Hoyos aseguró que quiso conocer directamente las dificultades que enfrentan los docentes y sus familias, más allá de los informes institucionales.
El Gobierno ha señalado que la transición busca corregir las fallas administrativas, financieras y operativas identificadas en el funcionamiento del Fondo, además de fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los recursos.
La discusión sobre el futuro del FOMAG mantiene la atención de miles de educadores en el país, quienes esperan que los cambios en la administración no afecten sus tratamientos médicos ni el reconocimiento de sus prestaciones sociales.
Por ahora, el Ministerio insiste en que la Ley 91 de 1989 seguirá vigente y que la transformación anunciada corresponde al modelo de administración del Fondo, no a su eliminación.
