La denominada Ley de Rescate Económico avanza en medio de cuestionamientos de los partidos de la coalición de Gobierno y sectores de oposición. Tras radicar un mensaje de urgencia, el Ejecutivo inició conversaciones con las comisiones económicas para destrabar su discusión y conseguir respaldo a la iniciativa.
La reforma tributaria del presidente Abelardo De la Espriella comienza a enfrentar uno de sus principales desafíos: conseguir los votos necesarios para avanzar en el Congreso de la República. El proyecto, presentado bajo el nombre de Ley de Rescate Económico, fue radicado el pasado 29 de octubre y busca reducir el déficit fiscal proyectado para 2027 en aproximadamente $40 billones.
La iniciativa contempla una combinación de reducción del gasto público y nuevos ingresos tributarios. Según el Gobierno, siete de cada diez pesos del ajuste provendrían de recortes al funcionamiento del Estado, mientras que el porcentaje restante se obtendría mediante modificaciones al sistema impositivo.
Uno de los movimientos del Ejecutivo para acelerar el trámite fue la presentación de un mensaje de urgencia e insistencia el pasado 3 de noviembre. Con esta decisión, el Gobierno busca agilizar la discusión legislativa y facilitar la convocatoria de sesiones conjuntas de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes.
Barranquilla, escenario de las primeras negociaciones
El debate tuvo un nuevo capítulo el pasado 7 de noviembre, cuando el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez, de Interior y de Justicia se reunieron en Barranquilla con integrantes de las comisiones económicas del Congreso para socializar el articulado y escuchar las observaciones de los legisladores.
El encuentro se produjo en medio de las críticas del Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador, colectividades cuyos votos serán importantes para el futuro de la iniciativa.
Uno de los principales cuestionamientos provino del uribismo, que presentó 14 propuestas de modificación. Entre ellas figura la oposición a extender el IVA del 5 % al 19 % a nuevos productos y servicios, así como la posibilidad de vender una participación de Ecopetrol para obtener recursos.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto, siempre que existan alternativas viables que permitan garantizar el recaudo esperado.
Pulso político y económico
La discusión también ha despertado cuestionamientos desde sectores de oposición, que advierten sobre los efectos que podrían tener los cambios tributarios en el costo de vida de los hogares y el consumo de la clase media.
Por su parte, el Gobierno sostiene que el ajuste es necesario para estabilizar las finanzas públicas, atender el crecimiento de la deuda y garantizar recursos para sectores como la salud.
Por ahora, el futuro de la Ley de Rescate Económico dependerá de las negociaciones políticas y de los ajustes que puedan introducirse durante su discusión legislativa. La reunión realizada en Barranquilla representa un primer escenario de concertación, pero todavía no significa que exista un acuerdo sobre el contenido definitivo de la reforma.
La pregunta central es si el Gobierno logrará mantener su meta de recaudo y reducción del déficit sin perder el respaldo de los partidos que necesita para sacar adelante su principal apuesta económica.
